A fin de que el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) tenga como atribución promover, en coordinación con las entidades federativas, de la Ciudad de México y municipales, la incorporación de jóvenes en tareas de gestión pública a nivel local, el diputado Juan Moreno de Haro (PRI), impulsa una iniciativa.
Dicha incorporación será mediante programas de capacitación, vinculación institucional y esquemas de servicio público joven, con énfasis, de manera enunciativa mas no limitativa, en temas ambientales, de salud, educación y justicia social.
El documento, que adiciona la fracción XII Bis al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y turnada a la Comisión de Juventud, expone que la propuesta constituye una respuesta estructural, legal y programática a una necesidad histórica: incorporar a este sector en el corazón del Estado y sus políticas.
Refiere que en México viven 31.2 millones de personas adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años, de las cuales 10.8 millones son adolescentes. El 52.9 por ciento radican en ocho entidades federativas: Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Nuevo León y Chiapas.
Además, en el país hay 15.6 millones de personas jóvenes en edad de trabajar, pero más de la mitad, es decir 8 millones, lo hace en condiciones precarias, sin seguridad social ni ingresos suficientes, debido a barreras estructurales que contribuyen a una situación de “desventaja” en el mercado laboral.
El diputado Moreno de Haro indica que ese bono demográfico representa una oportunidad única para canalizar el potencial de esta generación en progreso económico, cohesión social y desarrollo sostenible; sin embargo, se encuentra amenazado por la falta de políticas públicas efectivas que vinculen a la juventud con oportunidades reales de participación, empleo digno y formación cívica.
Menciona que la participación institucionalizada de la juventud tiene efectos múltiples, pues fortalece la democracia, impulsa la corresponsabilidad, mejora la efectividad de las políticas públicas y construye ciudadanía desde la raíz.
Hace mención que, a través de programas de capacitación, esquemas de servicio público juvenil y mecanismos de vinculación entre academia, sociedad civil y gobiernos, se puede convertir a las personas jóvenes en agentes de transformación en áreas prioritarias como medio ambiente, salud, derechos humanos, inclusión social y justicia territorial.
Finalmente, subraya que con esta reforma se podrá institucionalizar la participación de ese sector en el servicio público local, generar beneficios tanto individuales como colectivos, al fortalecer capacidades técnicas y cívicas, reducir la brecha entre jóvenes y gobierno, impulsar una nueva cultura de corresponsabilidad y democracia local, y contribuir a la construcción de una juventud con sentido de comunidad, liderazgo social y visión de futuro.
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