● México necesitaría cerca de 1,080 millones de pesos para electrificar la flota de transporte público de las 94 ciudades más importantes del país.
● En un país donde el 80 % de la población vive en ciudades, la movilidad eléctrica debe concebirse como una política de bienestar y justicia social.
● México cuenta con las condiciones para convertirse en un líder regional de la electrificación del transporte.
Ciudad de México, 10 de octubre de 2025.- En el marco de México por el Clima: Semana de Acción, organizaciones que impulsan la movilidad sostenible coincidieron en que la descarbonización del transporte debe convertirse en una prioridad para el Estado mexicano. Los participantes de la mesa Descarbonización del transporte rumbo al 2050 subrayaron que sólo mediante la colaboración entre gobierno, iniciativa privada y la sociedad civil será posible alcanzar una transición total hacia vehículos de cero emisiones para alcanzar las metas climáticas entre el 2030 y el 2040.
La mesa fue convocada por Iniciativa Climática de México (ICM) y reunió a representantes de Climate Group, Política y Legislación Ambiental (POLEA), Sostenibilidad Global y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP).
La pertinencia de esta mesa de discusión, de acuerdo con Andrés Flores, director de Política Energética de ICM, radica en que México cuenta con las condiciones para convertirse en un líder regional de la electrificación del transporte, pues desde la presidencia de la República, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, se reconoce la relevancia del tema.
Para Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del ITDP, un programa de renovación de flota del transporte público en las 94 ciudades más grandes del país sería una acción prioritaria para avanzar en la descarbonización, la cual requeriría una inversión estimada de 1,080 millones de pesos.
En su intervención, Isabel Studer, presidenta de Sostenibilidad Global, destacó que la transición hacia un transporte cero emisiones “no depende solo de la tecnología, sino de transformar el modelo económico”. Advirtió que México corre el riesgo de quedar rezagado entre la dependencia económica y la falta de una política industrial propia, y subrayó que el verdadero desafío está en el transporte público urbano y de carga, donde se concentran las emisiones y las desigualdades. “En un país donde el 80 % de la población vive en ciudades, la movilidad eléctrica debe concebirse como una política de bienestar y justicia social”, recalcó.
Por su parte, Andrés Ávila Akerberg, director ejecutivo de POLEA, puso sobre la mesa que, si la descarbonización de la movilidad logra politizarse positivamente, México estaría más cerca de hacer realidad la electrificación del transporte en todos los sectores. Además, consideró que para materializar este esfuerzo deben priorizarse las inversiones destinadas a mejorar el servicio de quienes dependen del transporte público, garantizar accesibilidad universal y
seguridad vial, y reducir la carga de contaminación en comunidades más afectadas, todo ello con resultados visibles y verificables.
Respecto al papel de la iniciativa privada dentro de este proceso, Killian Dorier, Gerente Internacional Senior para Transporte de Climate Group, habló de la necesidad de que en México se desarrollen incentivos fiscales que promuevan la producción de autos eléctricos. “Poner reglas claras que favorezcan la oferta en las empresas privadas es una forma de que el gobierno y las empresas dialoguen y encuentren soluciones comunes para el cambio climático”, comentó.
Los especialistas hicieron un llamado a impulsar medidas en el corto plazo tales como detener la importación de vehículos usados, que acerquen al país al cumplimiento de sus metas de descarbonización, eliminar paulatinamente el uso de diésel, reorientar los subsidios a los combustibles fósiles para apoyar la electromovilidad, así como una mayor coordinación entre dependencias como la Secretaría de Salud, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
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