La diputada Ana Isabel González González (PRI) impulsa una reforma a fin de que el suministro constante de agua potable, así como la disponibilidad de bebedores y sanitarios en buen estado, sea un requisito indispensable para el funcionamiento de cualquier institución educativa.
La iniciativa, que adiciona un artículo 99 Bis a la Ley General de Educación, turnada a la Comisión de Educación, señala en su exposición de motivos que la problemática del acceso al agua en las escuelas públicas es un reflejo de las desigualdades estructurales que enfrenta el sistema educativo en México.
Además, la falta de infraestructura adecuada para garantizar el suministro de agua potable no solo afecta la salud de las y los estudiantes, sino que también limita su capacidad para aprender y desarrollarse en un entorno seguro y saludable.
Refiere que en México, el 58 por ciento de las escuelas no cuenta con un suministro regular de agua potable, lo que impide que las instituciones mantengan los estándares de higiene y saneamiento necesarios. En entidades como Oaxaca, Chiapas y Puebla, más del 30 por ciento de las escuelas rurales operan sin bebedores ni sanitarios que funcionen adecuadamente.
La diputada González González asegura que su propuesta no solo reconoce la importancia del agua como un elemento fundamental en el entorno escolar, sino que impone al Estado la responsabilidad de asegurar su provisión, mantenimiento y supervisión, con un enfoque que prioriza la equidad territorial, participación activa de la comunidad y la corresponsabilidad de las instituciones involucradas.
Asimismo, la iniciativa no solo reconoce la importancia del agua como un elemento fundamental en el entorno escolar, sino que impone al Estado la responsabilidad de asegurar su provisión, mantenimiento y supervisión, con un enfoque que prioriza la equidad territorial, participación activa de la comunidad y la corresponsabilidad de las instituciones involucradas.
Con lo anterior, la modificación busca transformar una falta histórica en una política pública que sea vinculante y efectiva, que no solo beneficiará a las y los estudiantes, sino que contribuirá a la creación de un ambiente educativo más justo y equitativo y se fomentará un espacio en donde todos los niños y niñas puedan desarrollarse plenamente sin limitaciones impuestas por condiciones insalubres.