Empresas tecnológicas como Amazon, Apple, Gemini, junto a más de una decena de magnates de diversos sectores se encuentran incluidos en la lista de patrocinadores que reunieron 300 millones de dólares para construir el polémico salón de baile que el presidente Donald Trump ubicará en el ala este de la Casa Presidencial que comenzó a ser demolida esta semana.
La administración Trump compartió la extensa lista completa de los donantes ricos y las corporaciones para la obra de 90 mil metros cuadrados que será construida en el área de la Casa Blanca que está siendo demolida por excavadoras esta semana.
Entre las decenas de empresa, destaca Amazon, del magnate Jeff Bezos, Meta propiedad de Mark Zuckerberg, Google, Gemini y Microsoft de Bill Gates.
En la lista se menciona directamente al inversionista Konstantin Sokolov, al petrolero y financista de Trump, Harold Hamm, así como a la pareja integrada por la exsenadora republicana Kelly Loeffer Y Jeff Sprecher, quien es el director de Intercontinental Exchange, dueño de la Bolsa de Nueva York.
La lista incluye a Benjamín León, el magnate de origen cubano que esta misma mañana fue confirmado como el nuevo embajador de Estados Unidos en España, tras haber sido propuesto a principios de 2025 por Trump.
Durante una cena auspiciada por Trump la semana pasada en la Casa Blanca, el republicano reunió a los magnates y entre bromas aseguró que —este es el precio de tener acceso al presidente— y también dijo que la obra del salón de baile no le costaría un centavo a los estadounidenses.
El diseño corresponde a la firma McCrery Architects, que conservará el estilo neoclásico estadounidense característico del complejo presidencial.
El Ala Este de la Casa Blanca fue construida en 1902, durante la presidencia de Theodore Roosevelt, para equilibrar visualmente el Ala Oeste, donde se encuentra el Despacho Oval.
Inicialmente era una estructura sencilla de dos pisos, que fue ampliada en 1942, bajo el mandato de Franklin D. Roosevelt, con la incorporación de un búnker subterráneo.
El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica, una organización sin ánimo de lucro, hizo un llamamiento urgente a la paralización de las obras «hasta que los planes pasen por los procesos legales de revisión pública requeridos».
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