Víctor Caamal
Quien litiga en materia familiar en Cancún sabe que hay una verdad incómoda de la que casi nadie quiere hablar en voz alta: el Juzgado Primero Familiar Oral se ha convertido en el símbolo de todo lo que no debe ocurrir en un órgano encargado de proteger a las familias. No lo digo por rumores de café, lo digo por la experiencia cotidiana de quienes tenemos que entrar, una y otra vez, a un sistema que se ha vuelto hostil, impredecible y profundamente dañino para los usuarios.
No puedo confirmar hechos individuales ni atribuir responsabilidades personales, pero los patrones son demasiado claros para fingir que no existen. Se repiten los retrasos que nadie explica, las audiencias que se mueven como piezas de ajedrez al gusto de unos cuantos, el trato desigual a las partes y a sus abogados, la sensación permanente de que la oficina de Gestión Judicial gobierna más por conveniencia interna que por criterios de servicio y legalidad.
A esto se suma algo todavía más grave, que en los pasillos se dice en voz baja: el clima de hostigamiento y presión sobre el personal femenino. Trabajadoras que aguantan lo que no deberían aguantar, porque saben que levantar la voz puede costarles el trabajo. No afirmo hechos concretos —no puedo confirmarlos—, pero como abogado de familia veo las mismas caras cansadas, tensas, asustadas. Veo cómo las mujeres que sostienen el juzgado desde abajo aprenden a normalizar lo innombrable para sobrevivir en el sistema.
Quien está afuera, en la calle, solo ve que “el juzgado no funciona”.
Quien está adentro ve algo peor: ve que “el juzgado está capturado”.
El relato que se repite —sin que pueda verificarse, pero se repite— es el de un operador con poder real, moviéndose en la sombra, manipulando tiempos, dividiendo al personal, cooptando a los más jóvenes, en particular a esos nuevos “jueces del bienestar” que entraron sin experiencia sólida y terminaron sujetos a la influencia de quien domina los hilos administrativos. No manda el que tiene la toga, sino el que sabe a quién poner a pelear con quién, a quién acercar y a quién aislar.
Y todo esto bajo la idea, muy extendida, aunque no confirmable, de que detrás hay el cobijo de un magistrado importante. Esa percepción, solo esa, ya es suficiente para encender todas las alarmas. Porque cuando el mensaje que recibe el personal es “aquí nadie toca a fulano, porque lo protege alguien de arriba”, la institucionalidad se rompe. Se rompe el valor de la queja, se rompe el sentido de la disciplina, se rompe el respeto a la ley. Lo único que queda en pie es el miedo.
Señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia:
esto que ocurre en el Juzgado Primero no es un chisme de pasillo ni un pleito entre abogados. Es un foco rojo que compromete la legitimidad de todo el Poder Judicial. Porque el ciudadano no distingue entre salas, juzgados y adscripciones: cuando su expediente se pierde en la maraña de intrigas, piensa que “la justicia en Quintana Roo está podrida”. Y cuando esa percepción se instala, ya no alcanza con discursos, informes o fotografías de protocolo.
Quienes litigamos en familiar sabemos lo que significa decirle a una madre que su audiencia se difiere otra vez, que su medida de protección no se resuelve, que la pensión no se fija, que la convivencia con los hijos seguirá en pausa. Cada maniobra interna, cada capricho administrativo, cada abuso de poder informal se traduce en un niño que sigue sin ver a un padre, en una mujer que sigue en riesgo, en una familia que se parte un poco más.
El Juzgado Primero debería ser el ejemplo. Hoy es el expediente más grave que tiene en su escritorio el Poder Judicial. No está rotulado con número, pero todos lo conocen: se llama miedo interno, hostigamiento silencioso, manipulación de novatos, padrinazgos intocables y desprecio por el impacto humano de la justicia.
Ese expediente no se resuelve con un oficio de trámite ni con una reunión a puerta cerrada. Se resuelve con auditorías serias, con entrevistas protegidas al personal, con supervisión real de la gestión, con mecanismos para escuchar a las trabajadoras sin exponerlas, con límites claros a los operadores informales que se sienten dueños del juzgado.
Si nada de esto ocurre, el mensaje será brutal y sencillo: que el Juzgado Primero puede seguir actuando como el último, y que el Presidente del Tribunal decidió mirar hacia otro lado.
Y esa omisión, en la historia de una institución, pesa más que cualquier sentencia.