Palacio Legislativo de San Lázaro, 27-12-2025.– El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que la reforma al Código Penal Federal en materia de delitos contra el medio ambiente y gestión ambiental incidiría de forma positiva pese a las modificaciones realizadas por el Senado de la República.
En el documento que desglosa la Agenda Legislativa 2026 de su grupo parlamentario, el diputado recordó que el pasado 9 de diciembre de 2025 el Senado devolvió a la Cámara de Diputados la minuta en comento ya que la modificó los artículos 11 Bis, 415, 416 y 421; por lo que será un tema que discutir en el próximo periodo.
Los cambios consistieron “en la sustitución de las sanciones en días multa por la Unidad de Medida y Actualización y, en el artículo 418, en la adición de un último párrafo de excluyentes de delitos para señalar que no se consideraría el cometimiento de la infracción si ésta era realizada por campesinos, ejidatarios, comuneros y habitantes del medio rural o si ésta era realizada por dichos actores con armas de fuego, medios violentos, para la obtención de un lucro o beneficio económico”.
Dijo que es necesario puntualizar que, cuando se hace alusión a días multa en diversos artículos, dicha referencia se enmarca en el artículo 29, párrafo segundo del Código Penal Federal, mismo que establece que los días multa son “la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos.
“En consecuencia, la aceptación del reemplazo de “días multa” —y, en su caso, de las jornadas de trabajo en favor de la comunidad— por la Unidad de Medida y Actualización representaría, en algunos casos, la reducción de sanciones no correspondientes con la capacidad de pago de los culpables. En otras palabras, se rompería el principio de proporcionalidad.
“En cambio, el mantenimiento de ‘días multa’ no sólo respetaría aquel principio, sino que asegura que la pena se ajuste de manera más severa y efectiva a los responsables con mayor capacidad económica”, explicó.
Respecto a la excluyente de delito añadida en último párrafo del artículo 418, se estima que su asentimiento se apartaría de la protección de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas que garantiza la Constitución Política en su artículo segundo, mismo que delimita que el acceso a los recursos naturales de estas poblaciones está condicionado a reglas y al marco jurídico general de la nación, indicó.
“Con todo, la minuta devuelta por el Senado de la República conserva el espíritu que guió su aprobación en la Cámara de Diputados, esto es: incidir de forma positiva en la disminución de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental para proteger y conservar el medio ambiente y sus ecosistemas.
“Una finalidad que se alinea con el compromiso internacional de gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación y frenar la pérdida de biodiversidad y la degradación de la tierra”, concluyó.
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