Por Jorge Ramón Rizzo*
Bajo regímenes autoritarios, dictaduras o sistemas teocráticos el encarcelamiento por escribir ha ocurrido en diferentes épocas y naciones del mundo. En el pasado, muchos escritores fueron encarcelados por sus ideas políticas o por pertenecer a círculos literarios o activistas considerados subversivos por los regímenes, como le ocurrió a Fiódor Dostoyevski en la Rusia zarista o a José Revueltas en el México postrevolucionario.
Recordemos que desde la antigua Grecia, figuras como Sócrates fueron juzgadas y condenadas (a muerte, en su caso) por hablar libremente y enseñar a pensar a sus seguidores. Siglos después, escritores como Miguel de Cervantes y el Marqués de Sade sufrieron largas penas de prisión, a menudo por criticar al poder establecido, a través del contenido de sus obras.
En la actualidad, organizaciones como Amnistía Internacional, Artículo 19, ó el PEN Club Internacional, siguen documentando cientos de casos de escritores, periodistas o comunicadores perseguidos y encarcelados por ejercer su libertad de expresión en países con falta de democracia y ausencia en el respeto a los derechos humanos.
El derecho a la libertad de expresión es un derecho humano fundamental que sigue siendo amenazado en muchas partes del mundo. Las organizaciones ya mencionadas denuncian regularmente casos de periodistas y escritores encarcelados por motivos políticos, reprimiendo así a la libertad de expresión.
Los informes revelados en 2025 citan un entorno generalizado de miedo entre periodistas, escritores y comunicadores, lo que crea un ambiente de intimidación y silencio, que se refleja en la radio, la televisión, los blogs, las redes sociales y un sinfín de medios digitales en la era actual.
La criminalización del periodismo se manifiesta a través de diversas vías legales; además de que México sigue siendo considerado el país más peligroso para la prensa, fuera de zonas de guerra.
En los últimos siete meses de 2025, al menos 51 periodistas mexicanos han sido acusados ante tribunales. Esta modalidad se viene utilizando frecuentemente como una intimidación legal, bajo la utilización del sistema de justicia contra reporteros, como los recientemente sucedidos en Puebla y Veracruz.
En Puebla, ha sonado mucho el caso de Rodolfo Ruiz Rodríguez, director de E-consulta, quien desde principios de diciembre de este año enfrenta un proceso judicial por presunto uso de recursos ilícitos, caso que ha generado alertas de organismos como Artículo 19.
O en Veracruz, el asunto de Rafael León Segovia «Lafita León», reportero independiente con más de 20 años de practicar el periodismo policiaco en la zona sur de la entidad, específicamente en Coatzacoalcos, que fue arrestado también en diciembre de 2025 bajo acusaciones de terrorismo por supuestamente causar pánico en la población.
Ambos casos son señalados por diversos organismos internacionales como ejemplos fehacientes del uso del sistema de justicia para silenciar a la prensa en distintas regiones del país. Activistas han manejado desplegados señalando los casos de Ruiz Rodríguez y «Lafita» León, como muestras del acoso judicial y la criminalización que pretende el Estado en contra de periodistas en México.
México descendió al puesto 124 de 180 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa 2025 de la agrupación Reporteros Sin Fronteras. Y Veracruz se posicionó en 2025 como la entidad con la mayor incidencia de procesos de acoso judicial contra periodistas en el país.
La situación que enfrenta el periodismo en México es de ‘estado de alerta’. Ya que tal pareciera que la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, ha buscado instaurar mecanismos de control sobre la crítica pública durante su primer año, lo que resulta grave y delicado.
*Periodista/Tlaxcala
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