El 29 de enero de 2016 quedó inscrito como una fecha de inflexión en la historia política y simbólica de la capital mexicana. Ese día se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que transformó jurídicamente al Distrito Federal en la Ciudad de México, cerrando un ciclo institucional que se remontaba al siglo XIX.
Durante décadas, el Distrito Federal fue una anomalía dentro del federalismo mexicano: sede de los poderes de la Unión, pero sin la plena autonomía política de los estados. Esa condición híbrida marcó de manera profunda la vida cívica, administrativa y cultural de la capital, y definió una relación ambigua —a veces tensa— entre el gobierno local y la federación.
La reforma política de 2016, impulsada y promulgada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, buscó corregir esa anomalía histórica. No se trató únicamente de un cambio de nombre, sino de una reconfiguración del estatus constitucional de la ciudad y de la forma en que sus habitantes se relacionan con el poder.
Distrito Federal recibe el premio Ciudades Sustentables 2013.
De departamento administrativo a entidad federativa
El decreto estableció que la Ciudad de México dejaba de ser un departamento administrativo sujeto a la federación para convertirse en una entidad federativa con autonomía propia. Aunque conservó su carácter de capital del país, adquirió facultades semejantes a las de un estado, en un delicado equilibrio entre soberanía local y funciones federales.
Uno de los cambios más visibles fue la desaparición de las delegaciones políticas, figuras creadas en el siglo XX para administrar el territorio urbano. En su lugar surgieron las alcaldías, encabezadas por un alcalde electo y un concejo con funciones de supervisión y contrapeso, una novedad institucional en la vida cotidiana de la ciudad.
Este rediseño territorial trajo consigo una nueva narrativa política para los gobiernos locales. Las alcaldías comenzaron a presentarse como espacios de representación ciudadana más cercanos, aunque desde el inicio enfrentaron críticas por la limitada amplitud real de sus atribuciones frente al gobierno central de la ciudad.
Se registra lluvia en la zona sur del Distrito Federal. Webcamsdemexico
Una constitución propia y nuevos equilibrios de poder
Otro pilar de la reforma fue la posibilidad de que la capital contara, por primera vez, con una constitución propia. La redacción de ese texto, promulgado en 2017, fue entendida como un acto fundacional: un intento por dotar a la ciudad de una identidad jurídica acorde con su complejidad social, cultural y demográfica.
La creación del Congreso de la Ciudad de México, en sustitución de la antigua Asamblea Legislativa, completó el nuevo entramado de poderes locales. Con ello se reforzó la división de poderes y se amplió el margen de deliberación política sobre los asuntos específicos de la capital.
Desde una perspectiva crítica, la reforma fue recibida con expectativas encontradas. Para algunos analistas representó un avance democrático largamente postergado; para otros, un cambio incompleto que mantuvo zonas grises en la relación entre la ciudad y la federación.
El peso simbólico del adiós al “DF”
En el terreno simbólico, el abandono del nombre Distrito Federal tuvo un impacto profundo en la imaginación colectiva. El “DF”, cargado de connotaciones históricas, literarias y afectivas, comenzó a desaparecer del lenguaje oficial, aunque siguió vivo en la memoria urbana y en la cultura popular.
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