El recurso IC/002/2026, fue promovido por la empresa Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V. en contra de la licitación pública nacional presencial LPN/ISSEMYM/073/2025
La Secretaría de la Contraloría del Estado de México admitió a trámite una inconformidad relacionada con el proceso de contratación del Servicio Integral de Laboratorio Clínico del ISSEMYM para el ejercicio 2026, en medio de cuestionamientos sobre la transparencia y los costos en los procedimientos de compra del instituto.
El recurso, identificado como IC/002/2026, fue promovido por la empresa Centrum Promotora Internacional, S.A. de C.V., en contra de la licitación pública nacional presencial LPN/ISSEMYM/073/2025, correspondiente a un contrato abierto para servicios de laboratorio clínico.
Según el acuerdo emitido por la autoridad y notificado el pasado 16 de enero, la Contraloría ordenó la apertura formal del expediente, así como la realización de las diligencias necesarias para analizar el procedimiento de contratación llevado a cabo por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) que encabeza Ignacio Salgado.
En el acuerdo, la autoridad ordenó al ISSEMYM rendir un informe circunstanciado sobre el origen y la naturaleza de los recursos empleados en la licitación, así como remitir copias certificadas de toda la documentación del procedimiento, incluidas las bases, juntas de aclaraciones, propuestas técnicas y económicas, dictamen y fallo de adjudicación.
La revisión se da en un contexto en el que el Instituto ha sido señalado por prácticas poco claras en sus procesos de compra, tema que incluso ha sido mencionado previamente en las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El 22 de abril de 2025, la Secretaría de la Contraloría del Estado de México declaró la nulidad de un contrato para servicios de laboratorio clínico otorgado a Instrumentos y Equipos Falcón y Arquina, correspondiente a la atención en 22 hospitales del instituto, y ordenó reponer el procedimiento de contratación.
Pese a esa resolución y a la instrucción presidencial emitida en agosto de 2025 para revisar estos contratos, el Comité de Adquisiciones no acató las determinaciones, lo que derivó en nuevos recursos e investigaciones administrativas y penales en curso.
En esta ocasión, los cuestionamientos giran en torno a presuntos sobreprecios que, de acuerdo con información del sector, podrían alcanzar hasta 80 millones de pesos. Pese a la admisión del recurso, la Contraloría precisó que el procedimiento de licitación no se suspende de oficio, por lo que el proceso administrativo continúa en curso.
Para los competidores, la admisión del recurso representa un paso relevante para que se revisen las condiciones del proceso de contratación y se enmarca en la política del gobierno federal orientada a reforzar la transparencia y la legalidad en los procedimientos de contratación pública.
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