No podrán negarse a recibir solicitudes por parte de este sector de la población, así como imponer condiciones más onerosas, aseveró
El sector de seguros es quizás una de las áreas con mayores márgenes de discriminación, pues la oferta de sus productos se basa en la diferenciación de las personas, con base en una serie de perfiles de riesgo, aseguró el coordinador de las y los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila.
La discriminación en dicho sector apuntó, comúnmente se expresa de modo que se cobran primas más altas a personas que presuntamente pertenecen a ciertos grupos, o bien, se les excluye de beneficios.
Por tal motivo, el legislador promueve una iniciativa que reforma la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y la Ley Sobre el Contrato de Seguro, para que este tipo de instituciones diseñen productos adecuados para las personas con algún trastorno neurológico y sus familias.
Ello, precisó, a través de un proceso de selección de riesgos que preserve las condiciones técnicas y financieras del seguro y la sustentabilidad de las mutualidades de las que formen parte.
La propuesta, destacó, también plantea que las instituciones de seguros tendrán prohibido negarse a recibir una solicitud de seguro, así como imponer condiciones más onerosas por la contratación del mismo, a las personas solicitantes con algún trastorno neurológico.
En todo caso, indicó, deberán realizar el análisis de las solicitudes en términos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, y sin prejuzgar sobre la condición de las personas solicitantes.
Asimismo, agregó, que, quedará prohibido negar una solicitud de seguro, así como la cobertura del mismo para el tratamiento de personas con algún trastorno neurológico.
Monreal Ávila señaló que algunos trastornos neurológicos presentan dolor significativo, lo que puede incrementar la discapacidad y las exigencias socio económicas de la atención, tratamientos y rehabilitación, situación que se refleja en una gran presión y carga para las familias.
Subrayó que todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; sin embargo, este sector de la población a menudo es objeto de estigmatización y discriminación en las diversas esferas, tanto económicas, sociales, políticas y culturales.
Estigma, aseveró, que reducen considerablemente sus oportunidades, además de que pueden estar sujetas a otras formas de sanción social, tales como ser excluidas de las actividades comunitarias o privadas de oportunidades de la sociedad, como la educación, la salud o el trabajo.
Es por ello que resulta fundamental generar una legislación que impulse la atención y tratamiento que requieren las personas que sufren estos padecimientos, así como generar políticas efectivas que estimulen una respuesta inmediata de los Estados.