Autoridades federales impugnaron la suspensión que Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió contra el bloque del “Plan B” de reforma electoral que fue publicado.
Con este recurso, la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, exige al máximo tribunal del país que revoque la medida, tras acusar que “es un fraude a la Constitución”, abundó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Dicha instancia sustento que su reclamo es porque el artículo 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución prohíbe a ministros de la SCJN suspender efectos de una norma general.
En un comunicado, manifestó que resulta “preocupante” que el ministro suspenda la aplicación de estas leyes sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la supuesta existencia de alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados.
Con base en el texto, se lee que “El Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnó la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán que suspende la aplicación del decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas en los estados de México y de Coahuila, ya que las normas expedidas por el Congreso de la Unión sólo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros y está proscrito expresamente suspender sus efectos”.
FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN
La Consejería enfatizó que lAS acciones de Pérez Dayán constituye “un fraude a la Constitución” que el ministro Pérez Dayán se separe “indebidamente” de las reglas del procedimiento, lo que desnaturaliza los medios de control constitucional, y en la medida en la que el juzgador respeta o no el sentido original de la norma, “su decisión será calificada de democrática o antidemocrática”.
“El ministro Pérez Dayán no puede apartarse de las reglas específicas que establecen las leyes al tramitar los medios de control constitucional, pues la legitimación del Poder Judicial se diluye cuando sus decisiones responden a posiciones políticas o personales”, apuntó en su texto.
Fue el pasado martes que la SCJN dio entrada a un primer bloque de impugnaciones contra el llamado “Plan B”, acciones que presentaron partidos, senadores, diputados y alcaldes de oposición.
Las siete acciones de inconstitucionalidad tuvieron el visto bueno de Pérez Dayán, quien suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que limita el gasto en dicha materia a solo 0.1% del presupuesto de las alcaldías del país, por lo que esta media no aplicará en Coahuila y Estado de México, los dos estados que tendrán elecciones en junio de este año.
Como es sabido, el máximo tribunal del país ha recibido más de 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 31 controversias contra el “Plan B”.