El subsecretario de seguridad, Luis Rodríguez Bucio, acusó a dos jueces del estado de Puebla de cambiar las medidas cautelares de dos secuestradores para favorecerlos y que puedan quedar muy pronto en libertad.
En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco del informe “Cero Impunidad”, Rodríguez Bucio explicó que los jueces señalados son Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Javier Martínez Castillo, quienes presuntamente modificaron las medidas cautelares, permitiendo a Diego “N” y Juan Carlos “N”, acusados de secuestro, la “libertad de jurisdicción“.
Detalló la línea de tiempo de los hechos. Según él, la víctima, una mujer, fue secuestrada de su negocio en la ciudad de Puebla el 23 de enero de 2018 por Diego “N” y Juan Carlos “N”. Los presuntos secuestradores la agredieron físicamente y exigieron dinero a sus familiares.
Posteriormente, el 26 de enero de 2018, la mujer fue rescatada en un motel y ambos sospechosos fueron arrestados. Tres días después, se les imputaron cargos y se les ordenó la prisión preventiva oficiosa.
Para el 2 de febrero del mismo año, ambos individuos fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado, reafirmando la medida cautelar.
En un giro de los eventos, el 6 de junio de 2023, la defensa solicitó un amparo para la revisión de las medidas cautelares, el cual fue concedido por el juez de distrito en materia penal de Puebla, Roberto Antonio Domínguez Muñoz.
Finalmente, el 3 de julio de 2023, se celebró una audiencia para revisar las medidas ante el juez de control de la Región Judicial Centro del Poder Judicial de Puebla, Javier Martínez. La cual podría terminar con un acuerdo para que ambos secuestradores queden en libertad bajo un acuerdo de pago fianza.
El caso sigue en desarrollo y las autoridades correspondientes están llevando a cabo las investigaciones necesarias.
“En este periodo tenemos a Roberto Antonio Domínguez, Javier Martínez, cambiaron medidas cautelares a secuestradores. (…) Para casi un año, se reitera la acusación los reiterados cambios y prórrogas, la audiencia intermedia no ha podido llevarse a cabo, cinco años después la defensa promueve un amparo para revisión de medidas”, acusó Luis Rodríguez Bucio.