En Yucatán se está barajando la opción de entregar una adjudicación directa para supervisar la expansión y modernización del puerto de Progreso, a pesar de que la Ley de Puertos en vigor especifica que tales decisiones deben tomarse a través de concursos públicos.
Esta deliberación surge después de que el Congreso estatal autorizó en mayo pasado una inversión de hasta 3 mil millones de pesos para este proyecto. Esta suma financiará tareas como el dragado, relleno y la edificación de una nueva plataforma para incrementar la capacidad portuaria.
En un comunicado de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, los representantes estatales mencionaron que han aprobado “la iniciativa enviada por el Gobierno del Estado para comprometer recursos en 2023 y 2024 para el proyecto de Ampliación Puerto de Altura de Progreso y sus Obras Complementarias, con un monto de hasta 3,063 mdp”.
Sin embargo, este enfoque enfrenta cuestionamientos legales y de competencia. Desde 1993, la Ley de Puertos, bajo la supervisión de la Secretaría de Marina (SEMAR), ha establecido que la mayoría de las decisiones portuarias se toman a nivel federal.
El intento de que se administre la expansión portuaria mediante una entidad estatal específica ha generado dudas sobre su compatibilidad con las leyes actuales. Especialistas en la materia apuntan que la legislación es precisa al indicar que las decisiones deben tomarse a través de concursos públicos, lo que podría invalidar cualquier intento de adjudicación directa.
El reglamento claramente establece: “Las concesiones a que se refiere este capítulo se otorgarán mediante concurso público”. Además, según el artículo 3 de la Ley de Puertos, la gestión y operación de los puertos y actividades relacionadas corresponden principalmente a la jurisdicción federal.
Este debate subraya la importancia de la planificación portuaria para la economía y la logística de México. Además, se ha observado una tendencia similar en puertos como Tampico, Altamira, Veracruz y Manzanillo, lo que podría poner en riesgo la transparencia y competitividad que ha caracterizado al Sistema Portuario Nacional. Es fundamental mencionar que la inversión privada representa actualmente más del 80% de la financiación total en puertos, lo que resalta la necesidad de mantener una claridad legal en estas decisiones.