Es lunes y María está lista para reportear en Aguascalientes, México, pero debido a las amenazas de muerte esta periodista debe cumplir un ritual antes de salir de casa: pedir a las autoridades que monitoreen sus pasos y entregar el itinerario a sus escoltas.
Simultáneamente los fotógrafos Jesús Aguilar, en Tijuana; Lenin Ocampo, en Chilpancingo; Martín Patiño, en Guadalajara, y la reportera María Teresa Montaño, en Toluca, vuelven a las calles para cubrir la violencia del crimen organizado y rastrear la corrupción.
Todos viven con el miedo a cuestas, constató la AFP tras acompañarlos durante una jornada de trabajo. Esta realidad se agudiza por el asesinato de ocho periodistas desde enero pasado, frente a siete de todo 2021.
La estela de sangre no para de crecer en México, uno de los países más peligrosos para la prensa con unos 150 homicidios de reporteros desde 2000. El más reciente de ellos ocurrió el martes en Michoacán (oeste), donde fue asesinado Armando Linares.
“Sé que mi vida está en riesgo todos los días y es terrible vivir con la amenaza, con el miedo de que salgas y ya no regreses”, dice María Martínez, de 55 años, en su pequeña casa de Aguascalientes protegida por varias cerraduras y cámaras de seguridad.
Directora del medio digital Péndulo Informativo, ha denunciado amenazas por sus investigaciones sobre corrupción y nexos de funcionarios con narcotraficantes.
Varios policías fueron encarcelados tras sus publicaciones.
“¡Te vas a morir, perra!”, advertía una de las amenazas recibidas en su teléfono y por las cuales fue incluida en un programa gubernamental que da protección a medio millar de comunicadores.
A merced del crimen
En Tijuana, el temor de Jesús Aguilar se intensificó el 17 de enero cuando fue asesinado el fotógrafo Margarito Martínez, con quien trabajaba a diario en esa ciudad. Ahí también, días después, caía bajo las balas Lourdes Maldonado pese a estar en el programa de protección.
La saga trágica de 2022 la completan José Luis Gamboa, Roberto Toledo (compañero de Linares), Heber López, Juan Carlos Muñiz y Jorge Luis Camero.
Cubrir ajustes de cuentas de narcotraficantes y denunciar la corrupción o vínculos de éstos con políticos y fuerzas de seguridad deja a estos reporteros a merced de sicarios.
“Cuando viene un carro atrás de mí despacio siento que se va a parar y me van a disparar. O cuando estoy estacionado y miro un vehículo más cerca de mí, muevo el asiento para atrás y me acuesto para resguardarme”, confiesa Aguilar, de 32 años.
En Toluca, la reportera independiente María Teresa Montaño (53 años) trabaja también con escoltas, luego de ser secuestrada unas horas en 2021 tras revelar un entramado de corrupción.
“Mi vida privada está limitada (…), ha sido muy difícil. Hay que tener mucho cuidado” con los desplazamientos, relata.
Desde 2006, cuando fue desplegada una ofensiva antidrogas, México acumula unos 340 mil asesinatos, la mayoría atribuidos a acciones de criminales.
Impotencia
Martínez pide a autoridades federales que la llamen cada dos horas por medio de un geolocalizador, que también funciona como botón de pánico. Pero ella confía más en sus guardias armados.
“¡Les debo mi vida! ¡Sin ellos ya no estaría viva!”, dice, señalando a dos militares de las fuerzas especiales en retiro vestidos de civil, que la acompañan en un auto.
Los hombres están atentos a cualquier vehículo o persona que se acerque, y cuando la periodista camina, no se alejan más de dos metros.
En Chilpancingo (sur), el fotógrafo Lenin Ocampo (40 años) cuenta que a menudo se topa con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación o La Familia Michoacana. “Nos paran, nos revisan. La amenaza siempre está latente”.
Durante la noche, al lado de un automóvil incendiado por desconocidos en Guadalajara (oeste), su colega Martín Patiño (41 años) declara su “impotencia” por la impunidad en los crímenes de periodistas, que según Reporteros Sin Fronteras llega a 92%. “Las autoridades no hacen nada”.
Desde su creación en 2010, la fiscalía especializada en delitos contra la libertad de expresión logró 28 sentencias, de casi 1.500 denuncias por homicidio, agresiones y amenazas a periodistas. No todos los casos entran en su competencia.
El presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador promete “cero impunidad”, y destaca que hay 17 detenidos por los cinco asesinatos de comunicadores que documenta su gobierno este año.
Enfrentado a un sector de la prensa tradicional al que acusa de servir a intereses privados, el mandatario rechazó como “injerencistas” recientes llamados de Estados Unidos y el Parlamento Europeo a proteger a los reporteros.
Precariedad laboral
Los fotógrafos entrevistados carecen de equipo de seguridad, y como muchos periodistas del interior del país, colaboran con varios medios.
La mayoría de quienes cubren crónica roja “dependen de la cantidad de notas o fotos que venden para pagar la renta, por lo que priorizan la producción sobre la seguridad”, explica Jan-Albert Hootsen, del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
Un comunicador del estado de Guerrero dijo a la AFP que hay periódicos que pagan apenas 3,8 dólares por fotografía.
Además, al no ser muchos quienes cubren la violencia, “son altamente reconocibles, aumentando su nivel de inseguridad”, observa Hootsen.
Fiscalías y gobiernos regionales a veces desconocen el perfil periodístico de las víctimas porque no forman parte de nóminas de medios reconocidos o desarrollan su labor en redes sociales.
Días antes de su cita con la AFP, María Martínez sufrió un preinfarto que atribuye al estrés por su situación y que -asegura- ya le provocó un accidente cerebrovascular.
La comunicadora, que descarta renunciar al oficio que le apasiona, concluye la jornada con una entrevista a la exesposa de un narcotraficante para su primer libro.
“Mi familia me ha pedido que deje el periodismo, pero soy una mujer con convicciones, de valor (…), tengo una responsabilidad social”, justifica.