La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, por unanimidad de 470 votos la ‘Ley Ingrid‘ que sanciona la difusión de información o audiovisuales sobre delitos relacionados con violencia de género.
El dictamen que reforma el artículo 225 del Código Penal Federal, para tipificar y sancionar la difusión de información o material audiovisual de delitos relacionados con violencia de género, evita además la revictimización por parte de las autoridades o personas que deban impartir justicia.
Otros de sus objetivos fundamentales son garantizar integridad, la intimidad y la dignidad de las víctimas.
A quien cometa los delitos en esa fracción se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa. Las sanciones aumentarán en una tercera parte, en su mínimo y en su máximo, si la información que se difunda se refiere a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
“Cuando por sí o por interpósita persona, a través de cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, copie, filme, audiograbe, videograbe, reproduzca, difunda, entregue, revele, remita, comparta, distribuya, publique, transmita, exponga, oferte, intercambie o comercialice imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con un procedimiento penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho o hechos que la ley señale como delitos”, apunta la nueva reforma de Ley.
Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, el documento fue enviado al Senado de la República, donde será revisada, analizada y finalmente hacer válidos los efectos Constitucionales de la Ley Ingrid.
El caso de Ingrid
La ley toma su nombre en memoria de Ingrid Escamilla, habitante de la Ciudad de México que fue víctima de feminicidio en manos de su expareja en febrero de 2020, cuyo caso causó revuelo luego de que medios de comunicación difundieran estremecedoras fotografías de su cuerpo.
Las imágenes, de calidad explícita, fueron compartidas en redes sociales, despertando la indignación de colectivos feministas y otros sectores de la sociedad, quienes destacaron que era un acto de cosificación de la víctima.
Finalmente, se resolvió que quien compartió las fotografías fue un agente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), por lo que fue investigado y vinculado a proceso.