La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo (Semot), encabezada por José Luis Guevara Muñoz, dio por terminado de forma anticipada, el pasado miércoles 30 de marzo, el contrato SITMAH/AOT-SPTMP/001/2020, con la empresa Vanguardia y Cambio (VyCSA), operadora desde hace dos años y tres meses del Sistema Tuzobús en esta ciudad; hecho que se llevó a cabo de forma arbitraria, violenta y sin haber cubierto los pagos por el arrendamiento de unidades, lo que constituye un despojo, represión y abuso de poder, entre otros.
Javier Hernández Hernández, gerente general de la empresa VyCSA señaló que “fuimos invitados por la Semot a recuperar el servicio del Tuzobús que estaba en manos del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah), cuya flota se encontraba en muy malas condiciones, por lo que VyCSA envió un amplio equipo de mantenimiento para iniciar la recuperación de la flota, así como 20 unidades más para reforzar el servicio, para lograr mayor cobertura y mejor percepción del usuario”.
De esta manera, VyCSA fue reconocida en diversas ocasiones por el titular de la Semot, e incluso por el propio gobernador, debido a su desempeño profesional, compromiso con la calidad del servicio al usuario y, desde luego, porque mantuvo en todo momento un ambiente de cordialidad con sus trabajadores. Esa confianza se refrendó a través de cinco contratos, por un periodo de 27 meses. Incluso, el compromiso de VyCSA llegó hasta financiar las pérdidas del Covid por un monto de 38 millones de pesos, adeudo que a la fecha las autoridades no han terminado de pagar.
Sin existir motivos de incumplimiento operativo que provocaran la acción del miércoles, alrededor de las 11:00 horas y sin dejar alguna notificación previa por escrito, el cuerpo directivo fue expulsado de las instalaciones de la terminal Téllez, por funcionarios de la Semot, apoyados por elementos de Seguridad Pública, en presencia de un notario.
Ese día, el propio Hernández fue sacado de las instalaciones, con exceso de fuerza pública, lo que ocurrió antes de concluir el contrato de operación, hecho que sumó otra irregularidad, derivada de las acciones ordenadas por Guevara Muñoz a través de la Semot.
La fuerza pública se presentó al patio de encierro a realizar, primero un secuestro del personal, al impedir su salida de las áreas administrativa y de mantenimiento, donde estaban laborando, para posteriormente realizar el desalojo y despojo del patrimonio de la empresa, como las unidades, computadoras, inventario de refacciones del almacén, herramientas, mobiliario y papelería, entre otros.
De este modo, se incumple con el pago a VyCSA del arrendamiento de unidades, pendiente desde el año pasado; además del pago semanal por la operación del sistema Tuzobús, por un monto aproximado de 17 millones de pesos.
Este acto de gobierno fue calificado por los trabajadores como sorpresivo y abusivo, lo que generó gran inquietud e incertidumbre sobre su futuro laboral y estabilidad familiar.
En un hecho que resulta poco transparente y es indicativo de que podría existir corrupción, expresó Javier Hernández, el pasado miércoles la operación fue entregada por el titular de la Semot a otra empresa, cuando el mismo Guevara Muñoz indicaba que eso no era posible y por tal motivo terminaría el contrato.
De acuerdo con información publicada el 22 de diciembre de 2019, Guevara Muñoz dijo que se encontraba satisfecho con la asesoría, renta de unidades y operación otorgada por VyCSA y aseguró que, “en los últimos seis meses la situación del Tuzobús ha mejorado considerablemente”.
Incluso el pasado 10 de diciembre, el gobernador Omar Fayad, en un acto público dijo: “quiero, la verdad, hacerle un amplio reconocimiento a la empresa operadora temporal, por el trabajo que ha realizado’. Entonces, después de la acción del miércoles 30 de marzo, nos preguntamos: Si no quería un buen operador, ¿qué quería José Luis Guevara Muñoz?”, expresó el gerente de VyCSA.
Por último, VyCSA presentó juicio de amparo contra la acción de la Semot y denuncia penal por despojo y abuso de autoridad, además solicitará a la contraloría una auditoría completa a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo.