La fiscalía de Colombia acusó este viernes al exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010) de soborno a testigos y fraude, en el primer juicio penal contra un expresidente en la historia del país.
Uribe es señalado de “ofrecer dinero en efectivo u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad”, en un caso que lo vincula con grupos paramilitares, según un escrito presentado por el fiscal, Gilberto Villarreal, quien levantó cargos por soborno, soborno a testigos y fraude.
En la reanudación de una audiencia virtual que inició la semana pasada, el exmandatario insistió en su inocencia y solicitó que el caso fuera anulado.
«No tomé nunca incitativa de buscar testigos. Pretendí defender mi reputación», argumentó Uribe, quien se expone a una pena de entre seis y 12 años.
La jueza Sandra Heredia rechazó este pedido y reconoció como posibles víctimas a un senador, a la exesposa de un paramilitar que relacionó al exgobernante con estos grupos armados y a dos exfiscales. Considerado uno de los políticos más influyentes en Colombia, Uribe dijo sentir “un impacto en el alma” por ser el primer expresidente en tener que defenderse ante la justicia.
También alegó ser víctima de un complot urdido por jueces y “opositores” que usaron “interceptaciones (telefónicas) ilegales” para obtener pruebas en su contra. A sus 71 años, responde por una denuncia que inicialmente lanzó él, pero que luego se volvió en su contra.
En 2012, Uribe, entonces senador, presentó una denuncia contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, al que acusó de buscar testimonios falsos para vincularlo con los paramilitares que libraron una guerra feroz contra las guerrillas de izquierda entre los años 1990 y comienzos de 2000.
Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que en 2018 comenzó a investigar al expresidente por sospechas de que fue Uribe quien en realidad trató de manipular testigos. Uribe presuntamente trató de enlodar a Cepeda con la acusación de que había contactado a exparamilitares presos para que lo relacionaran con estos escuadrones de ultraderecha responsables por cientos de masacres.
En agosto de 2020, los altos magistrados ordenaron el arresto domiciliario del exmandatario, argumentando que en libertad podría entorpecer la investigación. Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión y reinició todo el proceso.
El exfiscal general (2012-2016) Eduardo Montealegre y su segundo Jorge Perdomo también habrían sido objeto de un montaje concebido por Uribe, según la tesis de la fiscalía. A través del abogado Diego Cadena, el exmandatario habría ofrecido beneficios a paramilitares presos para que denunciaran a los entonces fiscales por supuestamente ofrecerles beneficios por testificar contra Uribe.
La siguiente audiencia del juicio fue convocada para el 10 de julio.
Durante su mandato, Uribe gozó de una inmensa popularidad por la política de mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas. Sin embargo, su imagen se ha visto afectada por múltiples escándalos y procesos judiciales en los últimos años.
En noviembre de 2023, el exmandatario testificó ante la fiscalía en una investigación preliminar por su supuesto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos, a raíz del testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
También fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6 mil ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, durante su gobierno, un caso conocido como “falsos positivos”. La justicia de ese país aun no se ha pronunciado sobre el caso.