Por Analletzin Díaz Alcalá
¿Cómo ser agentes de cambio en la historia del país a través del periodismo? ¿Cómo apuntalar la perspectiva de género en los géneros periodísticos? ¿Cómo crear narrativas para construir una sociedad más equitativa? Son las preguntas que colegas periodistas se plantean en cada foro o espacio de diálogo con la preocupación de buscar el avance democrático y social de nuestra ciudadanía.
En la entrega del Premio Nacional de Periodismo Ciudadano 2024, que se realizó en la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, se galardonó a periodistas por sus valiosos trabajos periodísticos. Me complace felicitar a través de estas líneas a José Reveles y Jacinto Rodríguez, quienes ganaron en la categoría de Reportaje. También extiendo mi felicitación y reconocimiento a Íñigo Alvarado y Alejandro Melgoza y, por supuesto, a quienes fueron ganadores de tan importante premio en el periodismo mexicano.
Ricardo Hernández Ruiz, reconocido con una mención honorífica en la categoría de Crónica, escribió Los niños de la zafra: la infancia en los cañaverales del Caribe mexicano, un contenido conmovedor donde narra cómo es la vida de uno de tantos niños migrantes que trabajan más de 15 horas y que recurren a las drogas para poder aguantar sus largas jornadas en el campo.
En su discurso de agradecimiento y dedicatorias, Ricardo hizo énfasis en algo que es una realidad: “casi no se tocan temas de infancias que sufren violencia o maltrato, y deberíamos tener la mirada en este tipo de temas”. Muy cierto, la infancia es uno de los grupos más vulnerables.
Las niñas que son hijas de prostitutas y crecen en prostíbulos o en la calle, son drogadas y violadas con el consentimiento de las propias madres. Incluso comienzan a prostituirse antes de los 18 años. Las niñas que no viven su infancia dignamente, porque se convierten en las cuidadoras de las propias madres prostitutas y de los hermanos menores, abandonan su niñez y quebrantan sus derechos constitucionales a una vida digna.
Existen infantes que son vendidos por los propios padres a redes de pederastas para traficarlos como mercancía en la prostitución internacional. Son maltratados, agredidos, abusados sexualmente… muchos son asesinados.
Los niños adictos a la marihuana, alcohol y otras drogas, son inducidos por adultos como sus propios padres para no darles alimento, que es un derecho constitucional. También los inducen a las adicciones para controlarlos en todos los sentidos, inclusive les niegan el acceso a la educación y a la cultura.
Niños huérfanos de madre porque fueron víctimas de feminicidio, viven entonces con familiares que en algunas ocasiones los ven como una carga y los abandonan o explotan laboralmente en quehaceres de casa o en oficios distintos. Son obligados a llevar dinero para ser alimentados.
Los niños migrantes que viajan solos, a la deriva, en las caravanas que parten de Centroamérica hacia los Estados Unidos y entre las multitudes que caminan kilómetros pasan frío, hambre o sobre el asfalto con altas temperaturas deshidratados, cansados y abandonados en el camino. Algunos lo logran, otros mueren y son olvidados.
Existen niños que trabajan largas jornadas en el campo como abuso o explotación laboral. Pero no se consigna ni a los padres ni a los dueños de las industrias o empresas que los contratan, aunque saben que es un delito.
Existen creaturas que mueren de cáncer por no tener condiciones económicas, por falta de medicamentos o por un sistema de salud digno que proteja su derecho a la vida.
A la par, los suicidios infantiles que no figuran como un problema de salud pública y el Estado tampoco da importancia porque las cifras no son representativas y se invisibiliza el problema.
La vulnerabilidad infantil en México es un tema que debemos atender desde distintos medios y perspectivas para dar la posibilidad de mejorar la calidad de vida de cada niña y niño en nuestra sociedad. Si no hablamos de ello es como si no pasara nada y se vuelven invisibles para los gobiernos y para la misma sociedad. Es una gran oportunidad que a través del periodismo instemos a las instituciones encargadas a que cumplan con su función real y sean garantes de los derechos constitucionales de la infancia.