Ciudad de México.- Antonio Luna Guerra lleva dos años en prisión preventiva, acusado de un delito que asegura no cometió. Lejos de optar por un procedimiento abreviado —mecanismo que implica aceptar culpabilidad sin necesidad de pruebas a cambio de una reducción de condena— decidió enfrentar un juicio ordinario.
“Elegí no someterme al abreviado porque soy inocente. Lo hice por amor a mis hijos, para limpiar mi nombre y porque no acepto declararme culpable de algo que no hice”, sostuvo. Sin embargo, asegura que su decisión lo ha enfrentado a un sistema judicial que vulnera sus derechos.
Denuncia pruebas ignoradas, procesos viciados y una condena mediática sin que exista una sentencia formal.
“Llevo dos años privado de mi libertad sin que se me permita una defensa adecuada, sin que se reciban mis pruebas, sin que se haya probado mi culpabilidad y sin una sentencia justa”, dijo.
Uno de los aspectos que más le afectan es el daño emocional hacia su familia. “Buscan borrar mi imagen ante mis hijos con acusaciones sin sustento”, agregó. Además del proceso penal, enfrenta una serie de litigios: juicios familiares, demandas laborales que rebasan los 500 mil pesos y una solicitud de pensión alimenticia mensual de 200 mil pesos.
Ante lo que considera una cadena de irregularidades, Luna Guerra envió una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que solicita su intervención. En ella señala a jueces y magistrados que —afirma— han obstaculizado su derecho a un juicio justo, entre ellos la jueza Juana Erika Ordóñez Salazar, el juez Ismael Alcántara Vázquez, los jueces Edgar Agustín Rodríguez Beiza y Juventino González Ocote, así como la magistrada María del Rocío Morales Hernández.
A su misiva adjuntó documentos relacionados con sustracción de menores, patria potestad, demandas de pensión y denuncias por violencia en su contra, que —dice— evidencian inconsistencias del caso. “Le pido justicia, señora Presidenta. No pido privilegios, solo un juicio imparcial”, concluyó.