El 5 de abril de 2025 quedó marcado en la memoria de la Ciudad de México como un día en que la música se transformó en tragedia. En el Parque Bicentenario, mientras las bocinas del festival Axe Ceremonia llenaban el aire con ritmos alternativos y la multitud celebraba, una plataforma se desplomó, cobrando la vida de los fotoperiodistas Citlali Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández. La música no se detuvo; el espectáculo siguió como si nada ocurriera, y con ello nació una herida colectiva que, cinco meses después, sigue supurando entre reclamos de justicia y acusaciones de encubrimiento.
Esta semana, la voz de Raúl Giles, padre de Berenice, ha vuelto a retumbar en medios y redes sociales con la fuerza de quien no se resigna. En un mensaje desgarrador pero firme acusó: “En lugar de investigar con seriedad, hemos enfrentado indiferencia, retrasos y un tanto de revictimización por parte de funcionarios de fiscalía, quienes han minimizado pruebas contundentes y se han negado a actuar con imparcialidad. Esto constituye un acto de violencia institucional hacia nuestra familia”. Para él, la justicia capitalina ha extendido un manto de protección a las empresas responsables del festival, entre ellas Ocesa y la firma de seguridad Servicios de Protección Privada Lobo. “La fiscalía encargada y su superiora protegen a una de las empresas organizadoras y otras directamente responsables de su misma propiedad: Ocesa, coorganizadora del festival, y Servicios de Protección Privada Lobo, encargada de la seguridad del festival. Ambas deben también responder por las omisiones y negligencias que costaron vidas”.
Las palabras no se quedan en la indignación abstracta: exhiben el rostro de un sistema que ha priorizado intereses económicos sobre la vida humana. Ocesa, pese a haber declarado que su participación se limitó a publicidad, aparece en la plataforma Pollstar reportando ingresos por más de 3.9 millones de dólares derivados de la venta de boletos del Axe Ceremonia. El contraste es insoportable: mientras una familia exige verdad y justicia, la corporación presume cifras millonarias que surgen de un festival marcado por la muerte. “No buscamos venganza, exigimos justicia, verdad y asumir la responsabilidad, un perdón. Lo hacemos por mi hija Citlali Berenice y todas las familias que nunca deberían vivir un dolor como este”, clamó Giles, con palabras que atraviesan la coraza de la indiferencia.
El entramado empresarial detrás del festival añade opacidad. Servicios de Protección Privada Lobo fue creada por la propia Ocesa y la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), ambas encabezadas por Luis Alejandro Soberón Kuri, quien funge al mismo tiempo como presidente ejecutivo de CIE y director de Ocesa. El cruce de cargos evidencia cómo las mismas manos que organizan también manejan la seguridad, generando un círculo viciado de responsabilidades. Al mismo tiempo, ECO Live, promotora titular del Axe Ceremonia, aparece vinculada a Grupo Eco y a Obra Negra, la empresa logística, cuya relación con su fundador, Diego Jiménez Labora, parece haberse intentado borrar tras la tragedia. Como si un cambio de nombre o de registro pudiera borrar la huella de los hechos.
La Fiscalía capitalina, en voz de su titular Bertha Alcalde Luján, ha respondido esta semana afirmando que no hay encubrimiento y que se han realizado más de 120 entrevistas y decenas de peritajes. “No vamos a fabricar culpables, pero tampoco vamos a proteger a nadie”, sostuvo en conferencia de prensa. Pero para la familia de Berenice, estos dichos son apenas paliativos de un proceso donde los expedientes avanzan a medias y las audiencias se convocan con irregularidades legales. “Ya solicitamos dos audiencias por omisiones de la fiscalía y un acto de evadir responsabilidades. Pretenden judicializar la carpeta de investigación de manera expedita, saltándose lo que establece la ley y generando una audiencia sin fundamento, ilegal y sobre todo, injusta”, denunció el padre de la joven.
El dolor de esta familia es un recordatorio vivo de la fragilidad de los sistemas de seguridad en los espectáculos masivos de México. El Axe Ceremonia, que nació como un festival destinado a celebrar la innovación cultural, se convirtió en una advertencia sobre lo que sucede cuando las ganancias se colocan por encima de la vida y la seguridad se maneja con negligencia. El eco de la tragedia obliga a repensar los protocolos y a exigir que las promotoras y las autoridades asuman compromisos reales para garantizar que nunca más un escenario se convierta en una trampa mortal.
El caso de Berenice y Miguel Ángel no puede quedar como una anécdota oscura en la historia de los conciertos en México. Es un llamado urgente para transformar la manera en que se organizan los festivales, para que las estructuras corporativas no sirvan de refugio a la impunidad y para que la vida de los asistentes, los trabajadores y los artistas esté siempre en el centro. El dolor de sus familias nos recuerda que la música jamás debe estar por encima de la dignidad humana y que la justicia, si tarda en llegar, se convierte en complicidad. Que este episodio sea un parteaguas: la vida antes que el espectáculo, la verdad antes que el silencio, la justicia antes que las ganancias.