Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron, en lo general y en lo particular, la reforma judicial impulsada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa será discutida y votada por el pleno de la Cámara Alta el próximo miércoles 11 de septiembre.
La reforma generó protestas a nivel nacional, incluyendo un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y manifestaciones estudiantiles en contra de la propuesta.
Estas movilizaciones llevaron a los legisladores a sesionar en una sede alterna, debido a que los accesos al Palacio Legislativo fueron bloqueados por los manifestantes.
El dictamen de la reforma, parte de un paquete de 20 modificaciones presentadas en febrero por el presidente López Obrador, propone reducir el número de ministros de la SCJN de 11 a 9, acortar su periodo de encargo de 15 a 12 años, y realizar dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, una extraordinaria en junio de 2025 y otra en 2027.
Otros puntos clave incluyen la eliminación de la pensión vitalicia para ministros actuales y futuros, ajustes a sus salarios para alinearlos con el tope máximo establecido para el presidente de México, y la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones, entre ellas un Tribunal de Disciplina Judicial.
Además, la reforma contempla la eliminación de las dos salas de la Suprema Corte.
La iniciativa ha generado preocupaciones por parte de organismos internacionales como las Naciones Unidas, entidades empresariales como la International Chamber of Commerce y calificadoras como Fitch.
También se han pronunciado en contra diversas entidades financieras y embajadas, advirtiendo sobre posibles riesgos a la inversión privada y tratados comerciales, así como potenciales sanciones económicas.