La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a despenalizar el aborto en todo México. Esto permitirá que no se castigue con la cárcel a mujeres y personas gestantes que quieran abortar, ni al personal que practique la interrupción.
Sin embargo, entre los grandes desafíos que esto supone está la urgente creación de una red de servicios a nivel federal segura y gratuita, así como la capacitación de los profesionales de la salud, señaló Paula Rita Rivera Núñez, Gerente de Operaciones de Telefem, durante el Conversatorio “Avances y Desafíos de la Interrupción del Embarazo en México”.
Rivera Núñez dijo que la brecha entre la promulgación de la ley y la implementación del servicio para poder otorgar las prestaciones es enorme, se debe contar con un plan nacional contemplado en las políticas públicas, recursos monetarios y humanos para infraestructura, medicamentos y prestadores de servicios calificados además de redes de servicio de atención.
La antropóloga Marta Lamas, señala que la resolución de la SCJN de considerar que la normativa que criminaliza el aborto voluntario en el Código Penal Federal (CPF) es inconstitucional, pues viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar; y es discriminatoria para el personal de salud, parteras y acompañantes que realizan interrupciones voluntarias del embarazo, es, por un lado, un triunfo de la racionalidad laica y por el otro, la culminación de la lucha feminista en nuestros país.
Lamas recordó que el 28 de septiembre fue nombrado desde hace 30 años el Día de lucha por el aborto en América Latina. Hay que celebrar que ahora, en México, las personas que deseen interrumpir un embarazo podrán hacerlo legalmente, y que la existencia de la telemedicina ofrece una alternativa muy segura.
La Corte argumentó que considerar un delito al hecho de interrumpir voluntariamente un embarazo vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la no discriminación y a la autonomía reproductiva; por ello resolvió que es inconstitucional la penalización. Ahora, con la nueva resolución judicial a ninguna mujer, persona con capacidad de gestar o personal de salud se le podrá criminalizar por aborto. Lo que falta, sin duda, es
aterrizar con servicios esa relevante resolución, dijo Lamas.
“Como médico ginecólogo, realizando labor en una institución de salud pública, he sido testigo de múltiples casos de abortos sin supervisión médica que requieren atención en los servicios de urgencias ginecológicas y a veces podemos resolver las complicaciones como hemorragias, retención de restos ovulares o infecciones, sin embargo hay interrupciones del embarazo realizadas en la clandestinidad que no tienen la oportunidad de acudir a recibir atención oportuna y fallecen, pasando a formar parte de la estadística del porcentaje actual del 7% de las muertes maternas en nuestro país, o bien del 13% de las muertes maternas a nivel global debido a un aborto inseguro ”, explicó el doctor Eduardo López Ceh, integrante del cuerpo médico de Telefem.
El Dr. Eduardo López dijo que en este contexto existen organizaciones como Telefem, que son una puerta de acceso al aborto seguro a través de la Telemedicina, con una mirada de salud distinta, humana, que no juzga, para toda la gente a través de brindar asesoría para la interrupción del embarazo, con consejeras profesionales en el área de psicología y de orientación en temas de reproducción, así como ginecólogos especialistas en obstetricia que pueden orientar a la paciente a llevar a cabo un proceso de aborto con medicamentos antes de las 10 de semanas de gestación, actualmente es una de las opciones más seguras
Rivera Núñez comentó que Telefem está comprometida con las mujeres y personas gestantes, respetando su elección, su proceso y de manera empática, acompañarlas en la realización de su interrupción de embarazo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el aborto es un procedimiento médico habitual y es seguro cuando se utiliza un método recomendado y lo practica una persona que posee los conocimientos necesarios , por lo que es importante facilitar su acceso para no truncar el desarrollo fisiológico y profesional de las y los jóvenes. Desafortunadamente existe una falta de atención en la prevención de embarazos a temprana edad, generada por la deficiente educación sexual y un cúmulo de mitos alrededor del aborto, este punto debe reforzarse a través de las políticas públicas nacionales para que las personas puedan tomar una decisión respecto a su proyecto de vida.
El impacto positivo en materia de salud al despenalizar el aborto se vuelve más tangible con la evidencia global que muestra que las leyes restrictivas están asociadas con elevadas tasas de abortos inseguros o peligrosos. Un estudio conjunto entre la OMS y el Instituto Guttmacher demostró que, en países donde el aborto está completamente prohibido o que su legislación únicamente lo permite cuando la vida de la mujer está en riesgo, 3 de cada 4 abortos se practican en condiciones de inseguridad; por el contrario, en aquellos países donde el aborto es legal y más accesible, 9 de cada 10 procedimientos se realizan de manera segura .