Las autoridades brasileñas detuvieron a un exministro de Jair Bolsonaro y aumentaron la presión en el entorno del expresidente, ahora investigado por el violento asalto a las sedes de los poderes del Estado en Brasilia el 8 de enero.
Anderson Torres, exministro de Justicia del ultraderechista, fue detenido por la Policía Federal este sábado en Brasilia, bajo sospecha de «connivencia dolosa» con los asaltantes al corazón de la democracia en la capital.
Torres fungía como secretario de Seguridad de la capital el domingo, cuando miles de personas arrasaron las sedes del palacio presidencial, el Congreso y la corte suprema, una semana después de la llegada al poder del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Fue destituido del cargo en consecuencia.
Fue preso al desembarcar en el aeropuerto de Brasilia y encaminado para custodia, donde permanecerá a disposición de la justicia», informó la Policía Federal que ejecutó un operativo hermético.
Las investigaciones siguen en secreto», agregó la institución.
Cuando se desataron los disturbios, Torres estaba en Estados Unidos, al igual que el ex presidente.
El colaborador próximo de Bolsonaro, que niega las acusaciones y está detenido en un batallón de la Policía Militar en la capital, compareció a una primera audiencia este sábado y se espera que ofrezca testimonio la semana que viene, según el diario Folha de Sao Paulo.
Bolsonaro se defiende
Torres deberá responder cuestionamientos adicionales ante las autoridades.
Esta semana la policía encontró en su casa durante una orden de allanamiento un borrador de decreto presidencial fechado en 2022 que tenía por objetivo crear una comisión que asumiera las responsabilidades del tribunal electoral y revisara el resultado de las presidenciales en las cuales su exjefe fue derrotado por Lula.
El cerco se achica luego de que un juez determinara, a pedido de la Fiscalía, la inclusión de Bolsonaro en la investigación que busca a los instigadores y autores intelectuales del ataque a Brasilia.
La Fiscalía afirma que un video que cuestiona la transparencia de las elecciones, publicado en una red social de Bolsonaro el 10 de enero y borrado el 11 de enero, es una pieza que prueba una conexión con los hechos, a pesar de haber sido divulgada dos días después de los ataques.
La defensa de Bolsonaro, en nota enviada a la AFP, negó cualquier participación en los hechos vandálicos en Brasilia.
Él (Bolsonaro) jamás tuvo relación o participación en estos movimientos», dijeron los abogados del exmandatario, quienes responsabilizan de la asonada a «infiltrados».
El pedido de interrogatorio de Bolsonaro, quien sigue en Estados Unidos a donde fue dos días antes del fin de su mandato y de la transmisión de mando, será analizado «oportunamente», escribió en su fallo Moraes.
Tanto el video, como el documento [en casa de Torres] constituyen pruebas para una investigación. Si la corte suprema entiende que son pruebas necesarias para un pedido de extradición, pueden pedir por lo menos que regrese a Brasil para rendir cuentas», dijo la doctora en derecho de la Universidad de Sao Paulo Carla Junqueira.
Su conducta pone en riesgo el estado democrático de derecho», agregó.
Por ahora, las autoridades no han iniciado trámites internacionales, dijo el actual ministro de Justicia, Flavio Dino.
La presencia de Bolsonaro en Florida comenzó a ser cuestionada por algunos políticos estadounidenses luego de que las violentas imágenes del ataque a Brasilia dieran la vuelta al mundo y fueran comparadas con la invasión al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.
Atentado terrorista
El 8 de enero miles de seguidores de Bolsonaro inconformes con la victoria de Lula arrasaron con todo a su paso en las sedes de los poderes públicos de la capital, cuyo casco urbano fue declarado Patrimonio Nacional de la Humanidad por la Unesco en 1987.
Fue un acto de sabotaje», dijo el viceministro de Justicia, Ricardo Cappelli, refiriéndose a la presunta colaboración de Torres.
Fue una acción orquestada», dijo el ministro de Lula, Flavio Dino en declaraciones a la televisora GloboNews.
La prisión a Anderson Torres va en la dirección de identificar esa red que (hizo) posible el atentado terrorista», agregó.
Más de 2.000 personas han sido detenidas, con unas 1.100 aún bajo custodia de las autoridades.
El ministro Dino dijo que continuarán trabajando para determinar quién organizó y ordenó los disturbios, así como quien los financió.
Las autoridades identificaron 52 individuos y siete empresas bajo sospecha de contribuir económicamente con los manifestantes, mientras que autoridades del Distrito Federal están bajo la lupa por supuesta omisión de funciones.
Lula, de 77 años, prometió además «una revisión profunda» de su entorno en el palacio para garantizar su seguridad, puesto que está convencido de que hubo complicidad interna en la asonada.