PULSO
Eduardo Meraz
Estamos en los prolegómenos del venidero “carnaval político 2024”, donde los disfraces, descaros, mentiras, videos, cuentas y cuentos chinos y, lo realmente grave, violencia política, donde ya varios actores han perdido la vida, empiezan a tomar forma, con riesgo de terminar en tragedia, ante la barbarie e impunidad prevalecientes.
La complacencia de una parte de la autoridad electoral frente al cúmulo de atrocidades e ilegalidades de prácticamente toda la mal llamada clase política hace alejarnos de la ética y la legalidad que deberían caracterizar el proceso para la renovación de poderes el próximo año.
Si desde hace dos años, cuando el presidente totalmente Palacio Nacional destapó a sus corcholatas, los aludidos se han dedicado más a la promoción personal en lugar de cumplir a cabalidad las responsabilidades asignadas.
Ante el desbocamiento de las ambiciones de las corcholatas, con la anuencia del habitante temporal del palacete virreinal y para disimular los ilícitos, Morena decidió establecer un calendario distinto al establecido en las normas, lo cual le permitiría tomar ventaja indebida en el camino a la designación de su candidato presidencial.
Y por esas cosas raras de la vida, de manera coincidente con este adelantamiento morenista, se dio el “diálogo en el infierno palaciego”, entre el mandatario sin nombre y sin palabra y el renovado cuerpo de consejeros del Instituto Nacional Electoral.
Fue el encuentro entre dos tendencias: el maquiavelismo presidencial y la ética y apego a la legalidad del INE, de cuyos resultados estamos siendo testigos: todos los actores políticos han “normalizado” la violación de la ley, por lo cual el quehacer político irregular ha adquirido ya carta de naturalización.
Puede decirse, sin temor a ser imprecisos, que el pragmatismo maquiavélico presidencial permeó en prácticamente toda la sociedad y cada vez son menos los núcleos dispuestos a defender el Estado de derecho.
Es tal la interiorización de la idea de burlar la normatividad electoral, que se nota gran entusiasmo social por avanzar en esta ruta, en tanto -ya fuese por convicción o conveniencia-, algunos consejeros muestran su beneplácito a la realización de este tipo de prácticas.
Desafortunadamente estos moditos no sólo se presentan en el plano comicial, sino en muchos otros órdenes. La casi absoluta impunidad -cercana al 100 por ciento- para quienes cometen ilícitos de cualquier naturaleza, alienta el incumplimiento de las leyes.
La permisividad otorgada por algunos consejeros electorales a las campañas políticas de aspirantes no únicamente a la Presidencia de la República, sino a gubernaturas -aunque se les quiera rebautizar con otros apelativos o vestir con otros disfraces- facilitaría la intervención ya no discreta de agentes externos como el crimen organizado, como ya sucedió en 2021, y sus efectos nocivos.
Así, el carnaval electoral parece encaminarse hacia un proceso y jornada comicial fraudulentos, en donde ninguna de las partes reconocerá su derrota. La posibilidad de inestabilidad social y de manifestaciones no tan pacíficas, estaría latente.
Un escenario como el descrito -no deseado, pero tampoco improbable- conllevaría a un cambio de estafeta poco común y quizás apartado de los cauces democráticos.
Así, podríamos pasar del actual carnaval electoral inicial, a un final trágico de la democracia mexicana.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Sin considerar los hechos más recientes en contra de políticos, el informe del Proyecto de Datos sobre Eventos y Ubicación de Conflictos Armados, señala que México es el segundo país en el mundo con mayor violencia política, ya que entre 2018 y 2023 se registraron 869 ataques de este tipo. Además, considera probable que para las elecciones de 2024 se exacerben las tensiones y aumenten los riesgos de violencia.
@Edumermo