Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó su “Anuario de la corrupción 2021” que han marcado la mitad del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el proceso contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
La organización advierte que en los casos más emblemáticos de corrupción la respuesta del mandatario ha sido la misma desde hace tres años: descalificar a quien denuncia, así como justificar y proteger a los involucrados cercanos a las 4T.
El caso de Emilio Lozoya, si bien forma parte de la justicia pendiente del pasado y presente, exhibió el actuar de justicia selectiva de la Fiscalía General República (FGR).
Aunque el exfuncionario de Enrique Peña Nieto llegó extraditado de España a México desde julio de 2020 fue más de un año después (el 3 de noviembre de 2021) que pisó la cárcel.
Sin embargo, su detención no hubiera ocurrido sin la indignación y críticas que llovieron contra la Fiscalía luego de que la periodista Lourdes Mendoza no hubiera retratado a Lozoya cenando en un lujoso restaurante.
La presión llevó a la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a solicitar modificar la medida cautelar en contra del exdirector de Pemex, quien pasó del brazalete electrónico a la prisión preventiva.
Hasta enero de 2022, se le acusó formalmente por delito de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por el caso Odebrech.
MCCI también reveló sobornos que se entregaron por Odebrech a Lozoya por 9.2 millones de dólares, así como su participación en proyectos mineros internacionales y transacciones sospechosas desde Suiza a una fábrica de mezcal de su hermano.
Con todos los cargos que se le imputan, la FGR solicitó penas máximas para cada de delito, por su nivel de responsabilidad pública e involucramiento, que podrían mantenerlo hasta 39 años en prisión.