- El largo pleito de Evangelina López Guzmán contra el imperio gasero; la mujer de 95 años enfrenta una red de intereses que busca el retraso de justicia, confronta discriminación y violación a sus derechos humanos por ser mujer y como persona de tercera edad
HOUSTON, Texas, agosto 13 (XPFM).- Con artimañas legales y administrativas, autoridades judiciales y abogados mexicanos han demorado la ejecución de sentencias y restitución de bienes en favor de Evangelina López Guzmán, a quien la justicia de Estados Unidos le otorgó la mitad del Grupo Zeta Gas, la empresa distribuidora más importante de México con presencia en Europa, Estados Unidos, El Caribe, Centro y Sudamérica.
Quien fuera la esposa del empresario gasero Miguel Zaragoza Fuentes, fundador del Grupo Zeta Gas, enfrenta, desde hace más de una década, una red de intereses que busca impedir el cumplimiento efectivo de las sentencias a su favor, luego de divorciarse y ganado un juicio en Estados Unidos.
No es un asunto menor. Un juez de Houston, Texas, le otorgó la mitad de la fortuna gasera valorada en dos mil millones de dólares, con operaciones en más de diez países y diez mil empleados, por lo que la disputa familiar se ha extendido durante años.
El pleito legal, según especialistas en derecho, no sólo ha impedido a la mujer de 95 años de edad acceder a la justicia, sino que se han violentado sus derechos humanos, derechos contemplados en jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre justicia para adultos mayores en la protección de sus derechos fundamentales y su acceso a una vida digna.
El máximo órgano de justicia en México ha establecido que los adultos mayores son sujetos de protección especial y que sus derechos deben ser garantizados por el Estado, la sociedad y la familia, lo cual en este caso ha sido letra muerta.
La SCJN reconoce el derecho de los adultos mayores a acceder a la justicia en igualdad de condiciones, y condenan cualquier forma de violencia o abuso contra ellos, incluyendo la violencia física, psicológica y patrimonial.
La historia de los ex cónyuges de Zeta Gas reúne un triángulo de poder económico, litigios internacionales y una mujer que afrontó la batalla con la energía de quien reclama lo propio después de décadas de matrimonio, que acabó tras descubrir infidelidades y el uso de recursos de las empresas para beneficiar a terceras personas. Aquí la historia:
Evangelina López Guzmán ha mantenido, desde 2014, una disputa legal contra su exesposo, sin embargo, lo que comenzó como una demanda de divorcio en Houston (Texas) se transformó en años de litigios, recursos y, según denuncias públicas, una red de maniobras legales y administrativas que han demorado la ejecución de sentencias y la efectiva restitución de bienes.
Los llamados de auxilio y atención dirigidos tanto al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, como a autoridades judiciales, han encontrado oídos sordos, en lo que ha sido denunciada como una jugarreta para que los años pasen y jamás se cumplan las sentencias.
Evangelina y sus representantes han denunciado públicamente que la impartición de justicia fue retrasada y entorpecida por una cadena de recursos legales, recusaciones de jueces, fallas procesales y, en algunos casos, conductas de abogados que habrían favorecido intereses ajenos a la transparencia procesal.
Medios locales y crónicas relataron episodios en los que la víctima Evangelina López, con el apoyo de un equipo jurídico que también enfrentó disputas internas, denunció colusión de funcionarios y demoras en Jalisco y Chihuahua para ejecutar resoluciones o para admitir recursos que considerados dilatorios.
Resaltan los nombres de abogados panistas como Eduardo Romero Ramos, Diego Fernández de Cevallos, Fernando Gómez Mont Urueta, Marco Antonio del Toro Carazo y Luis Alfonso Cervantes Muñiz, todos con una larga trayectoria en el ámbito legal, político, y con antecedentes en casos de alto perfil que los vinculan a estrategias para beneficiar a poderosos empresarios.
El pleito en Texas: del divorcio a la división de activos
El 29 de mayo de 2014, Evangelina presentó en el condado de Harris, Texas, una demanda de divorcio que acabó generando decisiones judiciales relevantes en Estados Unidos.
La mujer con once hijos del magnate Miguel Zaragoza Fuentes, fundador del principal conglomerado gasístico, descubrió que su esposo tenía como amante a la empleada doméstica Elsa Esther “N”, con quien procreó una hija a la que le transfirió dinero en efectivo, bienes inmuebles, obras de arte y un avión
De acuerdo con documentos de apelación y opiniones de tribunales de Texas, muestran que el caso llegó a resoluciones favorables para Evangelina, incluyendo la división de bienes.
Parte de la controversia giró en torno a la aparición o ausencia del empresario en audiencias, recursos por jurisdicción y debates sobre la distribución de activos empresariales vinculados al grupo gasero.
Los expedientes judiciales de Texas registran apelaciones de Miguel Zaragoza y diversas mociones que caracterizaron un litigio prolongado en la esfera estadounidense.
Pese a esas decisiones, el cumplimiento efectivo de las sentencias se volvió objeto de disputas.
Reportes periodísticos en medios texanos documentan que hubo momentos en los que el empresario ignoró citatorios, lo que llevó incluso a la emisión de órdenes de aprehensión en Houston relacionadas con desacatos al tribunal.
Esos episodios engrosaron la narrativa pública sobre un litigio que no sólo contestaba la titularidad de empresas y activos, sino que implicaba movilizar a jueces, tribunales de apelación y fuerzas legales internacionales.
México, Costa Rica y la disputa por el control operativo
Mientras la batalla jurídica se ventilaba en Houston, las repercusiones se sintieron mucho más allá.
Por ejemplo, en Costa Rica donde el conglomerado tenía el control del 75 por ciento del mercado, sufrió las consecuencias de la disputa por el control de la empresa, pues hubo un desabasto que impactó a cerca de medio millón de habitantes durante el 2015.
Y en México las decisiones judiciales y administrativas sobre quién tenía la facultad operativa de Gas Zeta provocaron incertidumbre: desde advertencias de usuarios por posibles desabastos, hasta recursos ante cortes locales para dirimir el control de operaciones.
Se registraron movilizaciones de trabajadores, recursos de inconstitucionalidad y gestiones en las cortes costarricenses y mexicanas que evidenciaron cómo el conflicto de familia trascendió el terreno privado y afectó a terceros y al bienestar público.
Investigaciones periodísticas y registros públicos que han abordado el imperio empresarial de Zaragoza Fuentes, a quien señalan de transferencias de bienes, estructuras societarias complejas y la aparición de terceros (incluida la histórica figura de la empleada doméstica) como factores que habrían complicado la trazabilidad de activos.
Proyectos de investigación sobre estructuras empresariales internacionales han documentado cómo patrimonios de magnitud a veces se protegen mediante vehículos societarios en múltiples jurisdicciones, una circunstancia que en este caso habría dificultado la efectividad de sentencias y embargos.
Los reportes indican que se descubrieron maniobras para encubrir empresas y activos, muchos de los cuales quedaron a nombre de la hija de la amante del empresario.
En el entramado aparecen compañías como la Texas Gas & Oil (TGO) Ltd., con sede en Bahamas, y sociedades gestoras luxemburguesas como Belgrave S.A. y Vaurigard S.A. Se descubrieron al menos 12 empresas con sede en España, Países Bajos, Bahamas, Belice, Perú, y Guatemala, en el entramado.
Lo anterior es materia de reportes que ligan un patrón de reubicación de activos y la utilización de fideicomisos o empresas en el extranjero a la disputa entre las partes.
Un mapa judicial complejo: amparos, nulidades y la Suprema Corte
El caso también llegó a instancias de control de la legalidad en México. La tramitación de amparos y solicitudes de nulidad de juicios concluidos, mecanismos contemplados en el sistema jurídico mexicano, aparece en la documentación pública.
Por ejemplo, en expedientes de la Suprema Corte y en demandas presentadas en tribunales de otras entidades que apuntaban a revisar juicios anteriores (casos civiles o familiares) y su vigencia para la reclamación de bienes.
Esas piezas procesales ilustran un mapa judicial en el que, además de las cortes texanas, intervienen autoridades judiciales mexicanas y administrativas que han debido ponderar competencia, cosa juzgada y formalidades procesales.
La injusticia prevalece a pesar que está documentado, en registros judiciales de Texas, que existió un proceso de divorcio con resoluciones que favorecieron a Evangelina López Guzmán.
Además existe constancia periodística de órdenes relacionadas con desacato y comparecencias incumplidas por parte de Miguel Zaragoza en tribunales estadounidenses.
Se encontró que en jurisdicciones de Costa Rica y en procesos vinculados a México se registraron recursos y movilizaciones que evidenciaron la afectación operativa de la empresa.
Y existen investigaciones sobre transferencias patrimoniales y estructuras societarias que complicaron la ejecución práctica de sentencias; pesquisas que forman parte del expediente público narrativo sobre el caso.
Para especialistas, este caso subraya la tensión entre la letra de las sentencias y su cumplimiento efectivo: una cosa es obtener una resolución favorable y otra, muy distinta, lograr que esa resolución se ejecute cuando existen mecanismos de corrupción y actores con recursos para prolongar las controversias.
Más allá de los tecnicismos legales y las maniobras societarias, el caso tiene una dimensión humana que los reportes han subrayado: Evangelina López Guzmán, tras décadas de matrimonio y de vida familiar vinculada al negocio, reclama hoy no sólo una porción de un patrimonio empresarial de enorme alcance, sino la dignidad de ver reconocidos derechos que le fueron despojados por omisiones o por maniobras.
Varios artículos recogieron imágenes y declaraciones donde se la describe como una mujer que ha acudido personalmente a tribunales y que ha enfrentado, a lo largo de años, la fatiga de litigar en múltiples foros.
En la esfera pública, esa imagen le ha granjeado simpatías y a la vez alimentado una polémica sobre la concentración de poder y la influencia empresarial en el mundo judicial por el retraso en la impartición de justicia, colusión de autoridades y tráfico de influencias.
Violación a sus derechos fundamentales
Además de las violaciones a sus derechos humanos por ser adulta mayor, Evangelina ha sufrido la falta de perspectiva de género en la atención legal de su caso, como se señala en la justicia para mujeres adultas mayores determinada en jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Dichas determinación del máximo órgano de justicia, recuerdan que las mujeres adultas mayores tienen derecho a acceder a la misma en igualdad de condiciones que el resto de la población, sin discriminación por edad, y a recibir un trato digno y respetuoso en todos los procedimientos.
Y se reconoce la violencia contra las personas adultas mayores, incluyendo la violencia psicoemocional y patrimonial, y se establecen mecanismos para proteger sus derechos; además que se protege el derecho a la propiedad, evitando la privación arbitraria de bienes y garantizando una indemnización justa en casos de utilidad pública.
Las autoridades judiciales están obligadas a juzgar con perspectiva de género, considerando las posibles desigualdades y violencias que puedan afectar a las mujeres adultas mayores en sus casos.