La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH-CDMX) emitió una serie de recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General de Justicia (FGJ) sobre tortura y malos tratos en el contexto de detención y traslado por parte de policías.
Mediante un comunicado, la CDH capitalina informó sobre tres instrumentos recomendatorios: el 05/2022, relativo a casos de tortura en el contexto de detención y traslado; 06/2022, sobre casos de tortura en el transcurso de investigaciones penales, así como el 07/2022, sobre malos tratos, también en contexto de detención y traslado por parte de policías.
La Comisión señaló a ambas dependencias capitalinas como autoridades responsables por las violaciones a los derechos a la integridad personal, libertad personal, debido proceso, y acceso a la justicia documentadas en 46 casos que reúnen a un total de 61 víctimas directas -entre las cuales se encuentran personas de grupos de atención prioritaria como nueve mujeres, dos adolescentes hombres, un niño y una niña-, así como 28 víctimas indirectas.
“Aún cuando la tortura y los malos tratos han dejado de constituir un mandato tácito respaldado por la jerarquía de las instituciones de seguridad, no puede ocultarse que ambas prácticas continúan enraizadas en algunas personas servidoras públicas del ámbito de seguridad. Mantener en la impunidad dichas violaciones graves a los derechos humanos configura condiciones propicias para que éstas sigan sucediendo”, se lee en el documento.
Destacó que, a la fecha, continúan sujetas a seguimiento 31 de las 76 Recomendaciones emitidas en la historia de esta Comisión en materia de tortura y 26 de las 51 Recomendaciones vinculadas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Por lo anterior, la CDHCM hizo un llamado a las autoridades a dar cumplimiento a los puntos recomendatorios emitidos tanto en los presentes instrumentos, como en los que aún siguen pendientes, de forma que el mensaje de cero tolerancia ante la tortura y los malos tratos llegue con claridad y contundencia en las personas que integran los cuerpos de seguridad del Estado y las autoridades encargadas de procurar la justicia para las víctimas de tan graves violaciones a derechos humanos.