Por Teófilo Benítez Granados, Rector del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas
Casi ocho millones de jóvenes mexicanos no estudian ni traban. Hablamos de del 21.6 por ciento que no asiste a la escuela ni tiene alguna actividad productiva.
Se detecta que la asistencia a la escuela disminuye conforme se tiene mayor edad, en particular a partir de los 15 años, aunque el rango de edad de quienes no estudian ni trabajan va de 12 a 29 años y 3 de 4 de ellos corresponden al sexo femenino.
Se trata de un fenómeno social preocupante porque este segmento de la población no forma ni desarrolla sus capacidades productivas. Además, compromete las oportunidades que los jóvenes deberían tener en la vida adulta y representa un desperdicio en la capacidad productiva del país.
Aunque los jóvenes asocian a la educación con logros favorables, no puede consolidarse una continuidad en la matrícula hasta el término profesional de estudios.
Ahora, a medida que aumenta el nivel educativo, los jóvenes tienen una opinión más favorable sobre el valor de la educación. Sin embargo, la interrupción de los estudios se hace común por presiones económicas, limitación de los espacios que ofrecen las universidades públicas, embarazos no deseados a edades tempranas y otros factores que limitan las oportunidades.
Ahora, los jóvenes que no estudian ni trabajan tienen confianza en la educación y la consideran un recurso valioso para alcanzar los objetivos de movilidad social, pero no logran el acceso a este medio.
El rezago educativo de la juventud impide avanzar con un mejor ritmo en lo referente a crecimiento económico y superación de la pobreza. Sin embargo, aparte de una mejor distribución del ingreso al que se debería tener acceso por tener un mayor nivel educativo, así como un mejor índice de producción económica, el rezago educativo afecta a otros objetivos nacionales.
Entre éstos podemos enumerar el apego a la legalidad, respeto a los derechos humanos, acceso a la cultura y otros.
Asimismo, debe mencionarse que la infraestructura educativa también presenta atrasos y desigualdades entre los distintos niveles.
En el caso de la cobertura, tenemos que la matrícula de educación superior en México creció 13 veces en las cuatro últimas décadas. Pasó de 2.1 millones de estudiantes en 2000 a 3.3 millones de alumnos en 2012.
No obstante este dinámico crecimiento, es insuficiente y altamente desigual por entidades federativas. La cobertura actual, 34.6 por ciento, significa que a pesar del esfuerzo realizado en las últimas décadas en nuestro país, sólo 3 de cada 10 jóvenes de entre 19 y 23 años pueden cursar estudios superiores.
El total del grupo poblacional que se ubica en ese rango de edades es cercano a los 10 millones, por lo cual más de 7 millones de jóvenes no estudian.
El reducido número de jóvenes que tiene acceso a la educación superior en nuestro país no es sólo un asunto educativo o económico, es un problema social. La falta de esperanzas en el futuro es, quizá, el peor lastre que puede arrastrar un ser humano.