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Por Martín de J. Takagui
Por más que se haya festejado y anunciado la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas, alias “Alito” y Carolina Viggiano Austria, como presidente y secretaria general del CEN del PRI, esas posiciones aún no están seguras, pues las recientes reformas a los estatutos que autorizan la reelección de dirigentes tienen que ser sancionadas por el Instituto Nacional Electoral.
Aunque puede argumentarse que los cambios entran en vigor, desde el momento mismo en que fueron aprobadas por la XXIV Asamblea Nacional del PRI, que es el máximo órgano de gobierno interno del tricolor, hay que recordar que dichos cambios fueron impugnados ante el Instituto Nacional Electoral por la ex presidenta del PRI; Dulce maría Sauri Riancho, entre otros dirigentes.
Y es que los documentos básicos de todos los partidos políticos, que son la Declaración de Principios, Plan de Acción y Estatutos deben ser congruentes con los preceptos constitucionales y sus reformas deben realizarse en estricto apego a los propios estatutos y a las condiciones que señala la Ley Federal de Partidos Políticos.
De haberse violado el contenido o los procedimientos que dieron pie a las reformas estatutarias, en donde se eliminó el precepto revolucionario de la no reelección, entre otros, el árbitro electoral que es el INE, podría invalidar esas reformas y, por tanto, el proceso de reelección que mantiene desde este domingo, por cuatro años más al frente del tricolor a Alito Moreno y a Carolina Viggiano.
Desde antes de realizarse la XXIV Asamblea Nacional del PRI, el pasado mes de junio, varios de los dirigentes y ex dirigentes, como ex candidatos levantaron la voz para frenar la reelección de los dirigentes, pues argumentaron que la no reelección fue uno de los principios revolucionarios que el PRI defendió desde su fundación hace 95 años y en ese proceso se eliminó a conveniencia de Alejandro Moreno.
Desde hace cinco años, cuando Alejandro Moreno y Carolina Viggiano llegaron a la dirigencia nacional del PRI, era evidente que iban de la mano con el objetivo de debilitar aún más al tricolor, después de que perdió la Presidencia de la República en 2018, frente a Andrés López Obrador, quien ha tratado de borrar a la revolución mexicana de la actualidad, para dar paso a su proyecto personal de la “Cuarta Transformación” de la vida pública del país.
Desde entonces a Alejandro Moreno, en su calidad de gobernador de Campeche, se le vio muy cercano a López Obrador, con quien se reunía en privado y en público, y aunque otros gobernadores lo hacían, éste fue el primero en reconocer su triunfo, su liderazgo y su posición como presidente electo.
A partir de ello, hubo señales que llevaron a detectar que entre el entonces presidente saliente Enrique Peña Nieto y el presidente Electo López Obrador había un pacto de impunidad, en donde el nuevo jefe del Ejecutivo no se metería con su antecesor, mantendría a Alfredo del Mazo Maza como gobernador del Estado de México y a cambio, se apoyaría desde el PRI la consolidación de la Cuarta Transformación, mediante la desaparición o debilitamiento al máximo del Partido de la Revolución Mexicana, que no es más que la desaparición del PRI.
Hay que recordar que de acuerdo con la ideología lopezobradorista, las tres grandes transformaciones previas a su gobierno fueron: La independencia nacional, La Reforma impulsada por Benito Juárez y la revolución Mexicana de 1910, del cual surgió el Partido de la Revolución Mexicana, que después se convirtió en el Partido Nacional Revolucionario y ahora es el Partido Revolucionario Institucional.
Para López Obrador es claro que mientras exista la Revolución Mexicana, no puede darse la cuarta transformación y mientras exista el PRI, que fue el instrumento para acabar con la violencia y dar seguimiento al triunfo de la Revolución, no puede haber esa Cuarta Transformación, que, a decir verdad, después de casi seis años no tiene nombre ni se le ven los objetivos, simplemente es lo que sigue de la Revolución.
Debido esta historia, es que Alito Moreno, por acuerdo entre Peña Nieto y López Obrador, llega de manera poco transparente a la dirigencia nacional del PRI, se mantiene ahí, a pesar de encabezar las peores derrotas electorales; logra, con el aval del INE permanecer o prolongar su periodo como dirigente nacional y ahora pretende quedarse hasta por ocho años adicionales al frente del Partido Revolucionario Institucional.
Es claro que el Instituto Nacional Electoral, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sido cooptados por el gobierno del presidente Andrés López Obrador y que al propio jefe del Ejecutivo le conviene que permanezca Alito Moreno al frente del PRI, ya que como opositor, ha sido su mejor aliado para que el partido Morena, logre sus objetivos hegemónicos.
La precariedad en que se encuentran el PRI y el PAN y la indefinición de Movimiento Ciudadano, mantienen al país al borde de una situación de un partido de gobierno hegemónico, que mantiene el control en el Congreso de la Unión, en los congresos estatales.
También avanza para destruir los organismos autónomos que fortalecían a la incipiente democracia nacional y la destrucción del Poder Judicial, que dejará de ser ese sólido vigilante de la constitucionalidad de los actos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Fin.