Durante el foro “Sistema Nacional Anticorrupción. Evento de presentación de la propuesta de reforma a la ley general”, convocado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), Jacobo Pastor García Villarreal, especialista en integridad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacó la necesidad de fortalecer el sistema a partir de estándares y compromisos internacionales suscritos por México.
Entre ellos, mencionó, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Anticohecho de la OCDE, el TMEC y los acuerdos del G20.
Durante su ponencia “Hacia una política de Estado en materia anticorrupción: UNCAC, T-MEC y G20”, García Villarreal señaló que, si bien existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el SNA, este ha mostrado en distintos momentos una actuación reactiva, con pérdida de dinamismo y limitada capacidad preventiva, por lo que las reformas en discusión representan una oportunidad para atender estas debilidades estructurales.
García Villarreal subrayó que la corrupción genera costos económicos y sociales significativos, estimados en estudios internacionales entre 5.0 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), además de provocar un uso ineficiente de los recursos públicos, debilitar la recaudación fiscal y reducir la efectividad de políticas sociales en sectores clave como salud, educación e infraestructura.
Explicó que existe una relación directa entre la percepción de corrupción y la desconfianza ciudadana, lo que se traduce en menor cumplimiento fiscal, menor confianza en los mercados y una disminución en la capacidad del Estado para cumplir sus funciones.
Refirió que, de acuerdo con el Trust Survey de la OCDE, el principal determinante de la confianza en las instituciones públicas es la integridad de los gobiernos.
En cuanto a los compromisos internacionales, recordó que México es parte de la Convención Anticohecho de la OCDE, un instrumento de observancia obligatoria que ha emitido recomendaciones al país para fortalecer la identificación y sanción de casos, mejorar el uso e intercambio de datos, así como garantizar una protección efectiva a denunciantes.
También destacó la Recomendación de Integridad Pública de la OCDE, basada en 12 principios agrupados en tres pilares: un sistema institucional sólido, mecanismos efectivos de rendición de cuentas y el fortalecimiento de una cultura de integridad, por lo que consideró que estas podrían evaluarse a la luz de dichos principios para asegurar su alineación con buenas prácticas internacionales.
Entre los principales hallazgos relevantes para la reforma del SNA, el especialista señaló la necesidad de fortalecer la Plataforma Digital Nacional como herramienta clave para concentrar información y facilitar la detección de posibles casos de corrupción, así como mejorar la profesionalización de los órganos de control y auditoría.
García Villarreal subrayó también la importancia de incorporar de manera integral el tema electoral en las políticas anticorrupción, al advertir que el financiamiento de campañas y partidos políticos suele ser un punto de origen de prácticas corruptas.
En ese sentido, consideró pertinente analizar el fortalecimiento de las capacidades de fiscalización y la posible participación del Instituto Nacional Electoral (INE) en el Comité Coordinador del SNA.
Finalmente, indicó que los datos internacionales muestran que más del 50 por ciento de los casos de cohecho están relacionados con la contratación pública, particularmente en obra pública y sectores extractivos, por lo que recomendó adoptar un enfoque de riesgos y prevención para fortalecer la integridad en estos procesos.