El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, con la asistencia de la Oficina Federal de Prisiones, “transfirió” este fin de semana a México a 13 connacionales que cumplían penas de cárcel por tráfico de drogas en aquella nación.
De esta forma, señaló Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, las autoridades correccionales se ahorrarán 3 millones de dólares de los costos de encarcelamiento por los 75 años restantes de sus sentencias combinadas.
“El Programa de Transferencia Internacional de Prisioneros del Departamento de Justicia, que es administrado por la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal, mejora la rehabilitación de delincuentes, reduce los costos de encarcelamiento y alivia el hacinamiento en las prisiones federales. La transferencia se realiza de conformidad con el Tratado entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos sobre la Ejecución de las Penas”, sostuvo.
Agregó que los 13 reclusos transferidos cumplían condenas relacionadas con la distribución de sustancias controladas, incluidas cocaína, metanfetamina y fentanilo.
Ahora, seguirán con sus condenas en nuestro país, como fue su solicitud, y los gobiernos de ambos países aprobaron estos traslados.
En octubre de 1977, el Congreso de los Estados Unidos promulgó una ley que autorizaba el Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros, que también establecía los requisitos del programa de transferencia.
Estados Unidos firmó su primer tratado de transferencia con México en 1976, que entró en vigor en noviembre de 1977, y desde entonces ha celebrado 10 acuerdos bilaterales de transferencia adicionales y dos convenciones multilaterales de transferencia. Estos acuerdos internacionales le dan a los Estados Unidos relaciones de tratados de transferencia con más de 85 países.
La Unidad de Transferencia Internacional de Prisioneros (IPTU, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia administra el programa que contempla que los reclusos extranjeros aprobados en prisiones federales y estatales están autorizados, bajo ciertas circunstancias, a completar sus condenas en las prisiones de sus países de origen.
En este caso particular, se trató de la 184ª transferencia de este tipo desde que el tratado entró en vigor en 1977. El último traslado hasta hoy, que tuvo lugar en diciembre de 2024, implicó a nueve reclusos a México en virtud del tratado.