Por Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista y director general de Gobierno de Calidad, consultoría de políticas públicas.
Aunque las actividades primarias son las que mayor crecimiento reportan desde el inicio de la pandemia mundial del COVID-19, con una tasa de 7.1% mientras las secundarias reportan 5.6% y las terciarias 2.3%, la agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca, caza y captura, así como servicios relacionados, se requieren la implementación de políticas de desarrollo enfocadas a una recuperación más sólida.
En el sector agrario alimentario existen dos grandes carencias que impactaron la productivas del campo mexicano en 2023: escasez de agua y ausencia de programas gubernamentales de apoyo efectivos.
El panorama es desalentador: los costos de producción en el campo aumentaron alrededor de 130% el año pasado y la inseguridad está en quinto lugar entre los factores que afectaron la producción agrícola.
Las unidades de producción agropecuaria (4.4 millones) contaron con 20.5 millones de hectáreas sembradas, de un total de 26.1 millones de hectáreas, y 5.6 millones no sembradas.
Los 2.6 millones de hectáreas correspondieron a superficie en descanso por tema como rotación de cultivos, entre otras, y 2.9 millones por mal temporal, falta de crédito, enfermedad; así como por falta de dinero o apoyos o porque no hubo quien sembrara.
Veracruz, Jalisco y Chihuahua, con mayor número de hectáreas para uso agropecuario, presenta problemas de inseguridad. Mientras, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), advierte que la seguridad en el campo mexicano vive una crisis.
A nivel general, en el país existen problemas importantes de secuestro, robos de mercancías, de maquinaria y equipo y fertilizantes y agroquímicos mientras los indicadores de violencia van en aumento. En el campo no están exentos.
El Modelo de Política Pública Visión 2030 para el sector agroalimentario y forestal, una iniciativa del CNA que busca fortalecer e impulsar al campo mexicano, establece 40 recomendaciones de políticas públicas, más de 300 indicadores y 24 líneas estratégicas de acción, en las que se incluyen recomendaciones para los candidatos a la presidencia y líneas de acción concretas para impulsar la producción de alimentos, la seguridad en el campo, comercialización, entre otros elementos.
Implica trabajar transversalmente con nuestro gobierno en el tema de seguridad a las personas, a sus bienes y poder reforzar el gran proyecto que había de la policía integral.