Con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos educativos de los pueblos indígenas y afromexicanos, las diputadas Karina Margarita del Río Zenteno e Irma Juan Carlos (Morena) proponen reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Plantea adicionar la fracción XXXIV al artículo 38, para establecer que a la Secretaría de Educación Pública (SEP) corresponde garantizar y fortalecer la educación indígena, intercultural y plurilingüe en los niveles de enseñanza básica, media superior y superior dispuesto por el artículo 2o. constitucional, además de la enseñanza, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas en el Sistema Educativo Nacional.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Gobernación y Población, señala que la reforma contribuirá a fortalecer el marco jurídico y a garantizar el pleno ejercicio de los derechos educativos de los pueblos originarios y afromexicanos.
Refiere que esta adecuación normativa va encaminada a dar cumplimiento a la reforma al artículo 2o. constitucional, publicada el 30 de septiembre de 2024, donde se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanas a la libre determinación y autonomía, incluyendo los modelos educativos que reflejen la composición pluricultural.
Las diputadas consideran que de aprobarse esta reforma se permitirá a la SEP, implementar políticas educativas interculturales y plurilingües, que reconozcan y valoren la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas y afromexicanos y fortalezca la educación indígena en todos los niveles de enseñanza.
También se promovería la formación de profesionales indígenas y la implantación de programas educativos comunitarios que respondan a las necesidades, contextos específicos y herencia cultural de estos pueblos.
Subraya que estas modificaciones son un paso fundamental para cumplir con los mandatos constitucionales en materia de educación indígena intercultural y plurilingüe, al otorgar a la SEP las atribuciones para garantizar estos derechos y contribuir a la construcción de un sistema educativo más justo, inclusivo y respetuoso de la diversidad cultural y lingüística de México.
Concluyeron que esta iniciativa “no solo responde a una obligación legal, sino representa un compromiso ético y social con los pueblos indígenas y afromexicanos, cuyo reconocimiento y desarrollo integral son esenciales para el progreso de la nación”.