El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informó que “en esta parte final del año nos hemos permitido elaborar la Agenda Legislativa que habremos de desahogar el 1 de febrero, que inicia el segundo periodo de sesiones de este segundo año de ejercicio”.
En un mensaje, invitó a descargar la Agenda, de sus redes sociales, “y leerla, y hacerme tus comentarios. Es una agenda que está incompleta, porque ahí faltan la reforma electoral, la revocación de mandato, el fuero constitucional y otros, que aún no tenemos iniciativas. Pero de las que tenemos, con estas vamos a iniciar”.
En el documento se reúnen los asuntos y prioridades legislativas que orientarán el trabajo legislativo del Grupo Parlamentario de Morena durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del SBguioegundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. “Esta Agenda expresa las líneas de acción que guiarán la actividad legislativa en un momento clave para la consolidación del proyecto de transformación democrática que vive el país”.
Se indica que el propósito central del Grupo Parlamentario de Morena, “en un marco de respeto a la pluralidad de ideas y al debate democrático, será analizar, discutir —y, en su caso, fortalecer y enriquecer— las iniciativas que remita a esta soberanía la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, así como aquellas minutas que se reciban del Senado de la República. El trabajo legislativo se concibe como un ejercicio de corresponsabilidad institucional orientado a traducir el mandato popular en normas jurídicas que fortalezcan el bienestar social, la justicia y el desarrollo nacional.
“Los asuntos contenidos en esta Agenda tienen un carácter enunciativo y no limitativo. La diversidad de visiones, experiencias y propuestas que convergen en el Grupo Parlamentario permitirá ampliar y enriquecer las actividades legislativas conforme avancen los trabajos del periodo, atendiendo tanto a las dinámicas parlamentarias como a las demandas sociales que se presenten”.
Se señala que “esta Agenda del Grupo Parlamentario de Morena se inscribe como un instrumento de planeación y coordinación del trabajo parlamentario. Todo ello bajo la convicción de que uno de los propósitos fundamentales de Morena es dar respuesta a los planteamientos y exigencias de la sociedad mediante el proceso legislativo, así como cumplir con las responsabilidades que las leyes confieren al Congreso de la Unión, reafirmando su compromiso con una labor legislativa responsable, democrática y orientada al interés público”.
En ese sentido, se asevera que entre los asuntos prioritarios que conforman esta Agenda Legislativa se encuentra la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, iniciativa presentada por la Presidenta de la República y aprobada por el Senado de la República, cuyo objetivo central es modernizar y armonizar el juicio contencioso administrativo federal con el nuevo marco constitucional en materia de justicia.
“Esta reforma, de carácter predominantemente procedimental, busca garantizar una tutela judicial efectiva mediante la fijación de plazos claros, la ampliación y fortalecimiento del juicio en vía sumaria, la regulación precisa de figuras como la suspensión del acto impugnado y la excitativa de justicia, así como la incorporación de mecanismos de responsabilidad para prevenir dilaciones indebidas.
“Asimismo, actualiza el lenguaje jurídico, impulsa el uso de tecnologías y medios electrónicos, ajusta el régimen de medios de impugnación —principalmente en materia fiscal— y refuerza la eficacia en la ejecución de sentencias, todo ello con el propósito de hacer la justicia administrativa más ágil, accesible, previsible y respetuosa de los principios del debido proceso, equidad procesal y seguridad jurídica, sin alterar la estructura esencial del modelo vigente”.
Dentro de los temas que integran esta Agenda Legislativa se contemplan también iniciativas provenientes del Senado, orientadas al reconocimiento y fortalecimiento del patrimonio cultural y de las actividades que contribuyen al desarrollo social y económico del país.
“En este marco, la declaratoria del 10 de abril como ‘Día Nacional del Huapango’, tiene como propósito preservar, difundir y fortalecer una de las expresiones culturales más representativas de la Huasteca mexicana. Declarar este día implicará el reconocimiento a las comunidades que la han mantenido viva, al tiempo que reafirma el compromiso del Estado con la protección del patrimonio cultural como eje de identidad, cohesión social y transmisión de la memoria colectiva a las futuras generaciones.
“Por su parte, la minuta para declarar el 21 de febrero como ‘Día Nacional del Guía de Turismo’, responde a una acción que permitirá visibilizar la relevancia de estos profesionales en una industria estratégica para México, misma que se ha vuelvo vital para la economía. Esta iniciativa va en consonancia con los esfuerzos internacionales por consolidar un turismo sostenible, responsable y de calidad”.
En cuanto a la Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la Competitividad de la Economía Nacional -cuya Cámara de origen es el Senado-, tiene su motivación en el reconocimiento de que dicho ordenamiento ha quedado rezagado frente a las transformaciones económicas recientes, particularmente ante el fenómeno del “nearshoring”, cuya irrupción en el país generó oportunidades inéditas, pero también profundas asimetrías regionales.
“Así, la reforma busca que la relocalización productiva deje de ser un efecto coyuntural y se consolide como una auténtica política de Estado, orientada a un desarrollo económico equitativo y sustentable, con visión de largo plazo. En ese sentido, se incorporará el mandato de promover políticas públicas alineadas con la política nacional de fomento económico, acorde con la estrategia de desarrollo económico equitativo y sustentable”.
Por su parte, la minuta remitida por el Senado para reformar el Código Penal Federal, en materia de abuso sexual, plantea una redefinición integral del tipo penal, alineada con los estándares internacionales de derechos humanos, al colocar el consentimiento como eje central de la conducta delictiva y establecer de manera expresa que el silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima no pueden interpretarse como manifestaciones de voluntad.
Así, la reforma amplía y fortalece la protección jurídica de las víctimas al reconocer la diversidad de conductas que constituyen abuso sexual, actualiza el régimen de sanciones y agravantes, incorpora medidas para la reparación integral del daño y a la reeducación de los agresores. Lo más importante, es que ahora el delito sería perseguido de oficio, sin necesidad de denuncia de la víctima.
Dentro de los asuntos prioritarios que serán atendidos en el próximo periodo ordinario se encuentra también la minuta devuelta por el Senado de la República relativa a la reforma de diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.
Este proceso legislativo, que se inscribe en el diálogo institucional entre ambas Cámaras previsto por la Constitución, obliga a revisar con responsabilidad los ajustes introducidos en la colegisladora, particularmente aquellos vinculados con el régimen de sanciones y con la incorporación de nuevas excluyentes de delito.
En ese marco, resulta fundamental preservar el principio de proporcionalidad de las penas, evitar reducciones que beneficien de manera indebida a quienes cuentan con mayor capacidad económica y asegurar que la protección penal del medio ambiente no se debilite ni genere ambigüedades jurídicas. La minuta mantiene, no obstante, el propósito central que guió su aprobación en la Cámara de Diputados, esto es, lograr la disminución de los delitos ambientales y avanzar en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales de conservación, uso sostenible de los recursos naturales y defensa del patrimonio ambiental de la nación.
Como parte del proceso de transformación del Poder Judicial, destaca la iniciativa remitida por la Presidencia de la República para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, conocida como la Ley “jueces sin rostro”, que, aunque aún se encuentra en proceso de análisis en el Senado, se prevé que será aprobada y enviada a la Cámara de Diputados, por lo que se le ha considerado como parte de esta Agenda.
La propuesta busca profundizar los cambios derivados de la reforma constitucional al Poder Judicial, fortaleciendo la impartición de justicia mediante reglas claras, plazos definidos y mecanismos que combatan el rezago, la corrupción y la falta de supervisión. Asimismo, incorpora una perspectiva de derechos humanos, refuerza la licitud en la obtención de pruebas, moderniza los procedimientos con el uso de medios digitales y establece medidas de protección para las personas juzgadoras frente a delitos de alto impacto, particularmente aquellos vinculados con la delincuencia organizada.
En su conjunto, las reformas planteadas apuntan a consolidar un sistema penal más eficaz, seguro y coherente, capaz de garantizar una justicia pronta, completa y confiable para la sociedad.
Finalmente, entre los asuntos de mayor relevancia social que serán analizados durante el próximo periodo de sesiones se encuentra la llamada Reforma Laboral, que consiste en un paquete de iniciativas para garantizar la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, enviadas por el Senado de la República.
La propuesta combina una reforma constitucional al artículo 123, apartado A, con las adecuaciones correspondientes a la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de asegurar una implementación gradual, ordenada y jurídicamente armónica de este cambio estructural, evitando vacíos normativos.
El Grupo Parlamentario de Morena ha acompañado este proceso desde el inicio —y continuará haciéndolo—, con una visión de diálogo y consenso con los sectores productivos y sociales, conscientes de que se trata de una medida que responde a un compromiso asumido por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y que tiene como finalidad mejorar de manera sustantiva la calidad de vida de las personas trabajadoras, fortalecer el equilibrio entre el trabajo y la vida familiar y avanzar hacia un modelo laboral más justo, humano y compatible con el bienestar social.
En el documento se anota que, en conjunto, “los temas que integran esta Agenda Legislativa reflejan una visión coherente y en armonía con la consolidación de la transformación democrática del país. Se trata de una agenda que articula la defensa de los derechos humanos, la igualdad sustantiva, el acceso efectivo a la justicia, la protección del medio ambiente, la mejora de las condiciones laborales, el fortalecimiento de la identidad cultural y el impulso a un desarrollo económico equitativo y sostenible, siempre con el bienestar del pueblo como eje rector.
“Bajo estos principios, el Grupo Parlamentario de Morena asume su responsabilidad de legislar con seriedad, apertura y compromiso social, convencido de que el trabajo parlamentario sólo cobra sentido cuando se traduce en leyes justas, instituciones más sólidas y respuestas concretas a las demandas de la sociedad mexicana”.
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