Los pueblos mayas, a quienes excluyen, ni consultan y menos piden un consentimiento, son hoy un cimiento inconsulto de más de 300 megadesarrollos inmobiliarios que, según datos de especialistas de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), se activaron en el estado durante las últimas dos décadas; sobre todo en la capital meridana y su zona conurbada.
Constructoras y desarrolladores acumulan más de dos décadas de avance incesante en el estado, que siguen construyendo y publicitándose como barato, rentable y seguro, sobre todo para los capitales especulativos.
Con respaldo político, las corporaciones inmobiliarias apelan a estrategias que incluyen la fractura social de los pueblos, el despojo y la apropiación ilícita. Una historia de coyotes, burbujas de precios, represión policial y resistencias que brotan en las comunidades mayas acechadas por las mafias y los zares del concreto.
No cualquier tierra es codiciada. La predilección de estos actores se concentra en espacios con agua, monte y bondades naturales aptas para el usufructo. Esta abundancia ecosistémica capta la atención de negocios que aportan millones a las cuentas bancarias de constructoras, agentes de ventas, intermediarios y coyotes.
El negocio se centra en privadas, fraccionamientos y la comercialización de lotes de inversión.
Destaca la propagación de viviendas premium, ofrecidas en paquetes con “amenidades” como albercas, canchas de tenis, estacionamientos exclusivos y áreas de juegos infantiles. Aunque se promocionan como desarrollos modernos y exitosos, en su ADN llevan un atropello de derechos con pretensiones de perpetuidad.
Aunque estas prácticas iniciaron hace menos de dos décadas, su auge se ha intensificado hasta 2025. El despojo y la apropiación ilegal de tierras rurales y urbanizadas por parte de actores ligados a la actividad inmobiliaria depredatoria se han vuelto una constante en Yucatán.
Pueblos y comisarías mayas cercanas a Mérida transitan episodios de violencia prácticamente cada semana. La vulneración de derechos y libertades se esparce, sobre todo, en espacios con organización ejidal y vida comunitaria.
Campesinos y defensores de ecosistemas enfrentan una ofensiva que crece a la par de la promoción de Yucatán como plataforma de negocios. Esta situación ha detonado un proceso de burbuja inmobiliaria, ligada a la especulación y a la compraventa irregular de lotes.
Lo que se vende como un negocio próspero se asienta en un engranaje de apropiaciones ilícitas, amedrentamiento judicial, violencia policial y fraudes. Así lo documenta Patricio Eleisegui en su investigación Yucatán Bienes Raíces: comunidades mayas, territorios libres y colonización inmobiliaria (2023), difundida en Narrativas de Resistencia por el consejo civil mexicano para la silvicultura sostenible.