Los ejecutores de la ley se venden al mejor postor
Benefician a la parte demandante y evidencian corrupción
La Señorita Socorrito Romero fue una mujer intachable, recta y bondadosa. La forma honesta de conducirse por la vida de esta admirable mujer, fue la base de su éxito. Mereció y trabajó por toda la fortuna que obtuvo. Lamentablemente, algunos funcionarios encargados de impartir justicia, necesitarían un poco de la rectitud que caracterizó a la Señorita.
Eu un caso plagado de irregularidades, debe existir un sobornante y un sobornado. El juicio de Socorrito fue primeramente conducido por la jueza Blanca Olliver Palacios, al frente del juzgado encargado en Tehuacán, Puebla. La señora jueza cometió varias irregularidades que necesitan ser conocidas.
En primer lugar, admitió una demanda de tipo intestamentaria, sabiendo que este tipo de demanda era improcedente puesto que Socorrito Romero sí dejó un testamento. Y peor aún, que ese testamento ya había sido entregado a su única heredera, la Señora Estela Romero Bringas. Otro juez se habría apegado a la ley y habría desestimado la demanda de la hoy diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo. Hay en esa primera irregularidad un beneficio directo a la hoy diputada que evidencia la corrupción de la jueza.
Una segunda irregularidad, por no decir, delito grave, es nombrar a la diputada morenista albacea temporal de la herencia de Socorrito, ¡ya entregada!, enfatizamos. Pasó por encima de la ley, de la última voluntad de Socorrito y de los albaceas legales: Miguel y Alfonso Celis Romero. Pero la jueza sabía que estaba cometiendo un ilícito y benefició con alevosía a la Garci-Crespo. Por eso, para protegerse la nombró albacea TEMPORAL. Sin duda, el nombramiento TEMPORAL fue para que la Monina supiera en qué consistía la herencia. Su codicia es mucha pero su conocimiento de los bienes de Socorrito y de la herencia, es escaso.
Se presume, además, que la jueza sustrajo el expediente del testamento y se lo facilitó a la diputada para que pudiera adelantar sus movimientos y tomar ventaja. Lo peor del caso es que la jueza Olliver Palacios es esposa del licenciado Roberto Medina Torres, quien estuvo representando a la familia Celis Romero de forma infiel y encubriendo la relación que lo vinculaba con la jueza. La familia Celis denunució a Medina Torres y lo destituyó como abogado titular.
La jueza y su esposo, como su amiga la diputada Mónica Caballero, tienen mucha cola que les pisen y entre ellos se protegen para seguir cometiendo fechorías. Deplorables comportamientos para quienes se dicen defensores de la ley. Dios los hace, ellos se juntan…