Por Rufino H. León Tovar, Magistrado Presidente de la Primera Sala en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
Existen siete objetivos por los que se buscó en México la reforma judicial.
Fortalecer la independencia judicial: Garantizar que los jueces y magistrados puedan actuar de manera imparcial y sin interferencias externas, ya sean políticas, económicas o sociales.
Acceso a la justicia: Ampliar las posibilidades para que todos los ciudadanos, sin importar su condición económica o social, puedan ejercer sus derechos legales y acceder a una representación adecuada.
Reducir la corrupción: Implementar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que aseguren un sistema judicial libre de prácticas corruptas.
Modernización y eficiencia: Promover la digitalización de los procesos judiciales, reducir la burocracia y garantizar procedimientos más rápidos, efectivos y accesibles.
Protección de los derechos humanos: Asegurarse de que el sistema judicial sea capaz de defender y promover los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente las poblaciones más vulnerables.
Capacitación y profesionalización: Mejorar la formación, capacitación y evaluación de los operadores judiciales para garantizar un nivel alto de competencia y ética.
Transparencia en la designación de jueces: Establecer procesos abiertos y meritocráticos para el nombramiento de jueces y otros funcionarios judiciales, fomentando la confianza pública en el sistema.
Ahora, el Tribunal de Disciplina Judicial surge como parte de la Reforma Judicial en México para fortalecer la transparencia, rendición de cuentas e independencia en el Poder Judicial. Este tribunal reemplaza al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en su función disciplinaria, al separar las tareas administrativas de las de sanción.
Al separar las funciones administrativas y disciplinarias, se busca que las investigaciones sean más imparciales y efectivas.
Asimismo, el tribunal operará con autonomía técnica y de gestión, lo que reduce la posibilidad de influencias externas.
También permite que cualquier ciudadano o autoridad presente denuncias contra servidores públicos del Poder Judicial, al promover un sistema más abierto y confiable.
Respecto a sus ventajas respecto al modelo anterior destaca la mayor imparcialidad. Al no combinar funciones administrativas y disciplinarias, se evita el conflicto de intereses que podía surgir en el CJF.
Ahora, dado que el tribunal se enfoca exclusivamente en investigar y sancionar faltas administrativas, se agilizan los procesos.
Vale mencionar que los magistrados del tribunal son elegidos por la ciudadanía, lo que fomenta la confianza pública en el sistema. Ahora, además de sancionar, el tribunal puede dar vista al Ministerio Público o solicitar juicios políticos cuando sea necesario.
En suma, la Reforma Judicial busca un sistema judicial más profesional, transparente y confiable.