TRAS BAMBALINAS
Por JORGE OCTAVIO OCHOA.
A la luz de los 43 estudiantes ejecutados en Ayotzinapa y los 10 mineros enterrados en Coahuila, podemos columbrar los niveles de podredumbre y corrupción que ha alcanzado la clase política mexicana.
En ambos casos, permea el paso del tiempo a la luz de gobiernos de tres partidos políticos que, no sólo no tuvieron la capacidad de resolver la monstruosidad que se vive en amplias regiones de la República, sino que se sirvieron de los capos que las engendraron, para llegar ellos al poder ¡y protegerlos!
El presidente López Obrador quisiera ahogar, junto con los 10 mineros que permanecen en el fondo de una mina, el escándalo que se esconde en Coahuila y el nivel de corrupción y complicidad entre gobiernos, autoridades, empresas y sindicatos, que se quedaron ciegos, sordos y mudos mientras se fraguó la desgracia.
Casi lo logra, porque este fin de semana desapareció de las primeras planas la desgracia de Sabinas y tomó su lugar la detención de Jesús Murillo Karam, en medio del proceso judicial más desaseado y turbio de los anales de la historia del poder en el mundo.
Ambos fenómenos se gestaron y nacieron bajo los gobiernos del PRI. Pero pervivieron con PRD y PAN. Ahora se han empoderado en MORENA. Todos ellos se sirvieron de gente como Jongitud, Elba Esther, los Napitos, los Abarca o los Pineda Villa para alcanzar la presidencia de la República.
Esta clase política que nos gobierna debiera pedir perdón, de rodillas, a los mexicanos. Pero hoy sólo vemos soberbia y demagogia.
CARAS Y GESTOS
Hablar de los 43 de Ayotzinapa, es sumirse en una historia de componendas que se fraguó desde hace más de 20 años, en los que las comunidades se volvieron parte del problema. Es un juego de máscaras donde todos son culpables y unos cuantos los corruptores.
Data de mediados de los 40, en medio de la 2ª guerra mundial. La montaña de Guerrero se volvió zona tolerada, donde se gestó un gran movimiento magisterial que, con la represión y el paso del tiempo, se corrompió, dejando una cauda de líderes que luego fueron consiglieris del Estado.
Las Normales Rurales se convirtieron en un hervidero ideológico que incomodó al poder establecido, con el PRI a la cabeza. Los reprimió y prácticamente desapareció mientras el crimen organizado continuó con sus tareas de producción de enervantes que sirvieron para enriquecer a alcaldes, gobernadores, funcionarios y secretarios de Estado.
No se pueden dejar de lado los nombres de José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, en esa celebérrima foto con el hoy presidente de México, para retomar el análisis de cómo creció el cultivo de amapola y mariguana en México. Gestos y rostros sonrientes e iluminados.
El entonces candidato ya tenía informes preocupantes de los nexos de esa pareja con bandas criminales del narcotráfico, en complicidad con ex gobernadores de Guerrero. Pero los dejó hacer y los dejó pasar. La zona de Filo de Caballos es conocida desde hace 30 años, como territorio controlado para el tráfico de drogas y armas de alto poder.
Varios dirigentes del PRD podrían documentar plenamente este dato, porque ellos mismos lo comentaron con el hoy Presidente de la República. Nada de lo que estamos viendo respecto a la desgracia minera en Coahuila y la matanza en Guerrero es nuevo.
Hoy ocurre la detención de Murillo, porque López Obrador simple y sencillamente quiere distraer. También por eso se da la liberación de Rosario Robles. Pero ahí está la historia, como una lápida de realidad, que caerá sobre la cabeza del que hoy se siente líder impoluto de las masas.
¿RESOLVER LAS CAUSAS? ¡NO SEA HIPÓCRITA!
Esto es algo que va más allá de la pobreza y marginación. Todas estas mafias se gestaron y recrearon a la luz del poder, entre componendas de los tres principales partidos y rémoras como el PT y PVEM. Decir que se quiere resolver “las causas” luego de haber permitido el trabajo sucio, es algo más que hipocresía.
Las biografías de muchos líderes políticos en México son “casos tipo” que explican la descomposición actual. Más de 60 millones en la pobreza y al menos 30 millones en pobreza extrema, orillados a delinquir, a robar, a cerrar los ojos y a matar.
Ambos casos son la prueba extrema de lo que no quiso ver ni pudo resolver López Obrador. En ambos, están implicados pueblos enteros, que han vivido el miedo y la humillación. Y lo han tenido que aceptar precisamente por necesidad.
¿Resolver las causas? ¡Qué va! Si no puede resolver los excesos ni de su propia familia. Se necesita cara dura para pretender ser el salvador de la patria, luego de convivir con toda esa podredumbre. Vaya hipócrita el que diga que está libre de culpas.
NO OLVIDEMOS A LOS MINEROS
Lentitud y omisiones criminales. Es lo que se desprende de la desgracia, otra vez, en Coahuila, por mucho que se quiera decir ahora que los medios “zopilotean” y medran con la desgracia.
Quizá, en lo único que concordamos, es que no se trata de un desastre de ahora. Data de varias generaciones y llega a nuestros días, con la misma opacidad y similar corrupción que con los de antes.
¿Qué tipo de coordinación existe entre las Secretarías del Trabajo, Economía, Energía y la Comisión Federal de Electricidad para que ninguna se haya dado cuenta del funcionamiento irregular de la mina donde murieron 10 personas, para obtener carbón que les compra la CFE?
¿Dónde están los lideres Obreros, los empresarios del sector para protestar por las condiciones infrahumanas que persisten desde hace generaciones en esa actividad? ¿Qué autoridad moral se puede alegar cuando una secretaria de Estado argumenta no ser especialista en rescates?
Han pasado tres años de peroratas, de acusaciones sin sujeto. Sólo verbo y complemento, pero ningún resultado. “El pasado” sigue entronizado en la figura de Bartlett, Napoleón Gómez Urrutia, Armando Guadiana y Carlos Slim.
Son 10 crímenes por omisión. No hubo revisión, inspección ni bitácora alguna que regulara las actividades de la mina. Sólo un negocio obscuro, por debajo de la tierra, donde los “machuchones” siguieron ganando fortunas y los trabajadores exponiendo sus vidas, como sus padres y abuelos, porque así es la tradición.
No han desmentido el dato: la Comisión Federal de Electricidad otorgó contratos por 70 millones de pesos a la empresa El Pinabete, que opera el pocito donde murieron los 10 mineros. ¿El gobierno del estado no conocía la situación? ¿El gobierno federal tampoco? ¿El municipio cobra derechos sobre el usufructo?
La Compañía Minera El Pinabete aparece como responsable de la operación desde hace 10 años. Al menos la CFE no ha desmentido tampoco esta información. ¿Cómo jerarquiza sus compras de carbón la paraestatal en Coahuila, de donde extrae el 99% del carbón que compra?
¿En serio no sabían que ese pozo operaba sin Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)? Tampoco ha sido desmentida dicha información pese a que al menos 3 mil familias de la zona dependen directamente de esa actividad y otras 11 mil, de los empleos indirectos que genera. Quizá por eso: populismo.
Miente López Obrador. El problema no sólo son las concesiones. El problema es el manejo politiquero que le dio al tema. Hace ocho años, existía un Fondo Minero al que las empresas del sector pagaban el 7.5% de sus ganancias netas. Desde que inició su gobierno, AMLO desapareció ese fondo.
Este dinero supuestamente se utilizaba para mejoras en los municipios de las zonas mineras. ¿Cuáles son las mejoras?
Pero estamos en el México del “no pasa nada”, en el que, según el presidente López Obrador, los medios informativos “magnifican” los hechos y todo lo vuelven “amarillismo”.
Mientras nosotros “exageramos”, “Napito” vacaciona en Las Vegas y el hijo del Presidente de la República se prepara para estudiar en el extranjero. No pos vamos muy bien. La Politiquería de que tanto se queja, es la que está hundiendo literalmente al país.
Sólo en México pueden repetirse una y otra vez este tamaño de desgracias sin que la clase política sufra ninguna consecuencia. Deberían ser removidos, por igual, los titulares de las Secretarías mencionadas y sus homólogos estatales y el de compras de la CFE.
También tienen mucho qué explicar las Secretarías de Defensa y Marina en el caso Ayotzinapa. La Defensa tenía a un infiltrado entre los estudiantes, al que nunca buscó ni trató de rescatar luego de ocurridos los hechos.
El jefe de sector de la Marina en la zona donde ocurrieron los hechos era el actual secretario de Marina Rafael Ojeda Durán, que tampoco ha declarado al respecto.
Toda hermana a la clase política de ayer y hoy. En lo único que podemos coincidir es que ambos, Ayotzinapa y desgracia de Mineros, son crímenes de Estado.