“Bloque conservador”, “defensores de grupos de interés”, “mercenarios”. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuya continuidad en la presidencia de México es sometida a referéndum este domingo, ataca cotidianamente a la prensa en uno de los países más peligrosos para los periodistas.
Los diarios Reforma y El Universal, los mayores del país, el semanario Proceso y conocidos locutores son los nombres que más menciona el mandatario en su conferencia de prensa que ofrece de lunes a viernes.
“Están alineados a un bloque conservador. El propósito es dañarnos (…) falta ética en el periodismo”, reaccionó López Obrador el 22 de febrero luego de que medios cuestionaran una lujosa casa que su hijo habitó en Houston.
“Agresión”
“Es muy importante que todo eso se sepa, de que los medios, no todos, pero sí son defensores de grupos de intereses creados, de gente que no pagaban impuestos, que manejaban la política económica. Tenían mucha influencia con los presidentes”, añadió AMLO, como se conoce por sus iniciales a este izquierdista que ha prometido desterrar al neoliberalismo impuesto por sus predecesores.
“Es una agresión directa del presidente a mi persona”, replicó Carmen Aristegui, conocida periodista de radio que en 2015 fue despedida de un noticiero luego de revelar que la esposa del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) había adquirido una mansión en la capital.
“No estamos a favor ni en contra de su gobierno. El propósito es informar”, añadió Aristegui, que ahora está Radio Centro y tiene una emisión en CNN en español.
“Parte del problema es la frecuencia del comentario”, dice a la AFP el director del diario Reforma, Juan Pardinas, quien asegura que el presidente ha mencionado “más de 300 veces” al diario en sus conferencias.
El 18 de febrero, el presidente acusó a Reforma de haber estado al servicio de la “mafia del poder”, como llama a los gobiernos anteriores, “que ha dañado mucho a México”.
Las críticas del presidente ponen en riesgo “a todo el gremio periodístico”, estima Pardinas en las oficinas del diario, un palacio neoclásico construido en 1993.
Ocho comunicadores han sido asesinados en lo que va del 2022 según un recuento de Reporteros sin Fronteras (RSF), aunque falta determinar si en todos los casos el crimen está ligado a su trabajo.
Los asesinatos de informadores se duplicaron en los primeros tres años de gobierno de AMLO, según la oenegé Artículo 19, al sumar 30 contra 15 en el mismo periodo de Peña Nieto.
La mayoría de las víctimas son comunicadores que trabajan en condiciones precarias en zonas sacudidas por la violencia criminal y nunca los dueños de los medios, editorialistas o periodistas de la capital señalados por el presidente.
“Quién es quién en las mentiras”
El 10 de marzo, el Parlamento Europeo votó una resolución en la que denuncia la “retórica populista” del presidente contra la prensa. En el mismo tono, AMLO tachó a los legisladores de “borregos” al servicio de una “estrategia reaccionaria y golpista”.
Pero el director de Reforma aplaudió esta “solidaridad internacional”.
Reforma, que también destapó escándalos de gobiernos anteriores, es duro crítico de proyectos clave del presidente como un nuevo aeropuerto, el Tren Maya o la reforma eléctrica.
En redes sociales, López Obrador, sus colaboradores y su familia han sido objeto de rumores, como aquel que cuestionaba la nacionalidad mexicana de la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, su posible delfín, o la validez de los diplomas de su esposa. Ambos fueron desmentidos por AFP.
El mandatario puso en marcha su propio servicio de verificación. Los miércoles, su conferencia conocida como “mañanera” arranca con el informe de Ana Elizabeth García sobre las “mentiras” atribuidas a periodistas y medios.
En el México contemporáneo no hay registro de “la presidencia peleándose de tú a tú con periodistas”, dice a la AFP la historiadora Ana María Serna al hablar de la sección “Quién es quién en las mentiras” de la conferencia.
Antaño, añade Serna, las formas de censura eran otras, como en los 1970, cuando el entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) utilizaba la publicidad gubernamental, por décadas esencial para las finanzas de los medios, como una forma de control o pagaba sobornos, conocidos como “chayotes”, directamente a los periodistas.
El miércoles AMLO tuvo un gesto para periodistas que trabajan en condiciones “lamentables”, a quienes prometió servicio médico y pensión con la creación de un fondo gubernamental financiado con 25% del presupuesto para publicidad, unos 37,3 millones de dólares anuales.