Un video en el que se observa a cinco estudiantes, vestidos como sicarios y con el rostro oculto, simulando la ejecución de uno de sus compañeros de clase, ha despertado inquietudes por una creciente “normalización de la violencia y la narcocultura” entre jóvenes de México.
La grabación fue captada en una preparatoria de Guaymas, Sonora, que llevó a la organización Reinserta a expresar su preocupación, no sólo por la normalización, sino por que informes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), revelan que alrededor de 250 mil niños en México corren el riesgo de ser reclutados por el crimen organizado
Por su parte, Reinserta revela que niñas y niños de entre 9 y 11 años, son enganchados por grupos criminales para llevar a cabo tareas como recolección de información y vigilancia. A medida que crecen, comienzan a desempeñar labores más peligrosas, como el l cuidado de casas de seguridad o el transporte de drogas, incluso desde los 12 años.
Más adelante, se les va asignando portación armas, hasta secuestros y asesinatos, conforme cumplen los 16 años.
La organización Reinserta ha documentado una serie de actividades realizadas por menores y jóvenes reclutados por grupos delictivos, entre las cuales se incluyen: patrullaje y vigilancia (conocido como “halconeo”), venta y transporte de drogas, homicidio, contrabando de personas indocumentadas, portación y uso de armas, desmembramiento de cuerpos, ocultamiento y destrucción de cadáveres.
Además, se han reportado actividades como la limpieza de calles, que implica la ubicación y eliminación de delincuentes comunes; la limpieza de lugares donde se llevan a cabo torturas y desmembramientos; la manipulación de cuerpos, mediante la disolución en sustancias químicas para desaparecerlos; el cuidado de casas de seguridad; la extorsión a hoteleros y comerciantes locales; así como la elaboración y colocación de narcomantas.
De acuerdo con datos de Reinserta, obtenidos mediante solicitudes de información presentadas a diferentes instituciones, en 2019, la Policía Federal fue responsable de más del 90% de las detenciones de niñas, niños y adolescentes relacionados con actividades criminales, seguida por la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.