PULSO
Eduardo Meraz
Todavía no inicia el proceso electoral 2023-2024 y ya se ha registrado la muerte de varios actores políticos, sin que haya detenidos, como si la atmósfera de miedo vivida en 2021, quisiera replicarse con mayor intensidad; clima favorable para la misma fuerza política beneficiada en las elecciones intermedias.
Para el siguiente año, se renovarán más de 20 mil cargos y, sin embargo, las fuerzas armadas ya están pensando en tocar retirada en varias regiones del país, supuestamente donde la inseguridad y la violencia no son tan marcadas. Al darse a conocer los lugares fuera de la acción militar, veremos si no existe alguna inclinación política en dicha decisión.
En recientes semanas, hemos visto como actores o personajes vinculados a ciertas figuras políticas han perdido la vida. Tan sólo en la pasada semana, dos personas cercanas al ex secretario de Gobernación, que le otorgaban su respaldo para alcanzar la candidatura presidencial de Morena, fallecieron de manera inopinada.
También recientemente periodistas han sido objeto de ilegales detenciones o han sido asesinados, mientras de Palacio Nacional emanan críticas, amagos y se magnifican declaraciones sospechositas sobre adversarios y medios de comunicación, como si fuese un llamamiento a la violencia contra los aludidos.
Debe tenerse presente que la violencia política ha tenido una evolución significativa en México, para las elecciones de hace seis años cuando, de acuerdo con datos de la consultora Etellekt, en el proceso 2017-2018, cuando fallecieron por ese tipo de atentados 152, de los cuales 48 eran aspirantes o candidatos.
El Indicador de Violencia Política en México, de Etellekt, refiere que, para los comicios de mitad del camino del 7 de septiembre de 2020, cuando inició el proceso, hasta el 5 de junio, en decir dos días después de terminado el periodo de campañas, fueron asesinados 91 políticos, de los cuales 36 eran aspirantes o candidatos y de éstos últimos 31 eran del ámbito municipal y 90% eran opositores a los presidentes municipales del lugar en donde vivían.
Los asesinatos de aspirantes o candidatos del periodo electoral en marcha ocurrieron en 33 municipios de 12 entidades del país, aunque en 10 entidades más hubo ataques letales a políticos que no necesariamente buscaban una postulación.
Si bien se refleja una disminución en el número de crímenes políticos entre 2018 y 2021, ello se explicaría en gran medida por el tipo de elección, pues hace dos años no estaba en juego la Presidencia de la República. Sin embargo, debe resaltarse que tales asesinatos ocurrieron en 33 municipios de 12 entidades del país, aunque en 10 entidades más hubo ataques letales a políticos que no necesariamente buscaban una postulación.
Además, debe tenerse en consideración que, durante la actual administración, encabezada por el presidente totalmente palaciego, los registros de desaparición forzada suman 340 casos, al corte de mayo del 2023. De ellos, 109, ocurrieron en 2022, 94 en 2021 y 58 en 2020, de acuerdo con el Registro Nacional en la materia.
El estado con más desapariciones forzadas, desde el 1 de diciembre del 2018, es Sinaloa con 103 registros. Le siguen Tamaulipas, Guerrero, Jalisco y Veracruz.
Sin embargo, el mundo multidimensional en el que vive el habitante temporal de Palacio Nacional, tales hechos forman parte de una “campaña negra” en su contra, con lo cual anticipa su desinterés por la vida de quienes directa o indirectamente de participar en los próximos comicios.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Si bien no se atrevió a “destapar” al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, como lo hizo con la alianza opositora, el mandatario palaciego lanzó el anzuelo a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio Riojas, con tal de que los naranjas no se vayan a unir al Frente Amplio por México.
@Edumermo