Piden que educandos reciban orientación y alimentación adecuada, gratuita o a precios asequibles

La diputada Maribel Martínez Ruiz (PT) propuso adicionar el artículo 72 de la Ley General de Educación, para establecer que los educandos tendrán derecho a recibir orientación y alimentación adecuada en los establecimientos escolares.

Lo anterior, de forma gratuita o a precios asequibles para sus familias, de acuerdo con sus condiciones de vulnerabilidad y tomando en cuenta la situación económica de la zona geográfica en la que se encuentren.

La propuesta, turnada a la Comisión de Educación, considera que la alimentación saludable debe formar parte de una política educativa integral que contribuya al desarrollo físico, cognitivo y emocional de niñas, niños y adolescentes.

Refiere que cifras de la Secretaría de Educación Pública dan cuenta que más del 70 por ciento de la matrícula escolar corresponde a la educación básica, lo que convierte a las escuelas en un espacio estratégico para impulsar acciones preventivas de salud y nutrición.

Expone que México enfrenta un importante desafío en materia de sobrepeso y obesidad infantil, de ahí que resulta indispensable fortalecer el marco jurídico para acompañar las políticas impulsadas por la Secretaría de Educación Pública.

El Programa Sectorial de Educación 2025-2030 prioriza la promoción de estilos de vida saludables y el acceso a una alimentación adecuada en los entornos escolares, por lo que estima necesario incorporar este derecho en la legislación.

Además, contempla diversas estrategias para promover hábitos saludables, específicamente en la alimentación, que buscan dar respuesta y solucionar el problema público de sobrepeso u obesidad que se presenta en las escuelas, precisa.

Refiere que según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México el 36.5 por ciento de las y los escolares y el 40.4 por ciento de los adolescentes presentan sobrepeso u obesidad, situación que representa un problema de salud pública con importantes repercusiones sociales y económicas.

Sostiene que las acciones gubernamentales deben complementarse con reformas legales que consoliden el derecho de la población estudiantil a acceder a alimentos saludables dentro de los planteles educativos.

Garantizar una alimentación adecuada en los establecimientos escolares contribuirá a mejorar la salud, el aprendizaje y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en todo el país, subraya.