La diputada María de los Ángeles Ballesteros García (Morena) propuso que los planes y programa de estudio que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y particulares, incluyan “el fomento de la cultura de la legalidad y la prevención, combate y erradicación de los actos de corrupción”.
La iniciativa, que adiciona la fracción XVI al artículo 30 de la Ley General de Educación, turnada a la Comisión de Educación, considera que el objetivo no solo es fortalecer la formación ética y ciudadana de las futuras generaciones, sino contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa.
Destaca en su exposición de motivos que México ocupa el lugar 126 de 180 países evaluados, con una calificación de 31 puntos sobre 100, lo que refleja que persisten prácticas corruptas en distintos ámbitos de la vida pública, principalmente en materia social, político y económico.
Señala que si bien la educación tiene el poder de moldear valores, actitudes y comportamientos, desde edades tempranas, enseñar principios éticos fomenta el respeto por las normas promoviendo una conciencia crítica frente a las prácticas corruptas.
Por ello, desde el aula se pueden implementar actividades y contenidos que sensibilicen sobre la importancia de actuar con integridad, con simulaciones y juegos que representen toma de decisiones éticas, discusión de casos reales de corrupción y sus efectos en la sociedad, o talleres y campañas escolares que promuevan valores como la transparencia y la responsabilidad.
Deja claro que la corrupción socava la confianza ciudadana sobre las instituciones, debilita el Estado de derecho y perpetúa desigualdades sociales.
Refiere que datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2023, del INEGI, revelan que el 83.1 por ciento de las personas considera que la corrupción es más frecuente en sus estados y 44.7 por ciento declaró ser testigo de actos de corrupción.
Agrega que ese mismo año, el costo total a consecuencia de la corrupción por pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades, fue de 11 mil 910 millones 615 mil 651 pesos, lo que equivale a 3,368 pesos por persona afectada.
La diputada Ballesteros García subraya que ante el problema de corrupción a nivel global varios países han implementado estrategias educativas, con la finalidad de fomentar la transparencia y la ética desde las aulas, incorporando en sus planes de estudio temas relacionados con el combate a la corrupción.
Con base en ello, concluye que la educación es un pilar fundamental para combatir la corrupción que durante años se ha arraigado en el país y que se viene transmitiendo de generación en generación, cuyo fenómeno es consecuencia de múltiples factores históricos, sociales y culturales que moldearon la forma de hacer y ejerce el poder y las relaciones sociales.