El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) avanzó en la aprobación de reformas al Código Penal local para castigar específicamente agresiones mediante “pinchazos” en espacios públicos.
Con 11 votos a favor, cero en contra y una abstención, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia avaló dos iniciativas que buscan sancionar la administración subrepticia de sustancias, práctica que se ha incrementado especialmente en el Metro de la CDMX.
Una de las propuestas fue enviada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y contempla crear un nuevo capítulo que clasifique este tipo de agresiones como delitos contra la vida, la integridad corporal y la dignidad. La otra, presentada por la diputada Tania Larios (PRI), propone tipificar la sumisión química por medio de “pinchazos” como una conducta autónoma.
¿Por qué quieren tipificar los “pinchazos” en CDMX?
Estas iniciativas surgen ante un aumento de denuncias sobre agresiones cometidas con objetos punzocortantes, supuestamente para inyectar sustancias que alteran el estado físico o mental de las víctimas. Las afectadas han reportado síntomas como mareos, desorientación y somnolencia tras sufrir este tipo de ataques.
Actualmente, esta conducta no está contemplada de forma explícita en el Código Penal, lo que ha dificultado su investigación y castigo. Por ello, se busca dotar a las autoridades de herramientas legales para atender esta nueva modalidad de violencia y proteger la autonomía corporal de las personas.
Se prevé que el jueves se discuta en el Pleno del Congreso de CDMX.
¿Qué propuso Clara Brugada sobre los pinchazos?
La propuesta de la jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, prevé añadir un capítulo al artículo 141 quáter, del mencionado Código, en el que se propone fijar una pena de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 300 días de multa, lo cual podrá aumentar hasta en una mitad si se comprueba el uso de sustancias psicoactivas, narcóticas, psicotrópicas o que tengan efectos que alteren el estado de conciencia de la víctima.
De igual forma, la sanción aumentará si la sustancia pone en peligro la vida o salud de la víctima; cuando la persona afectada sea menor de edad, tenga alguna discapacidad o sea adulto mayor, si el acto es cometido en el transporte público, así como en espacios de concentración masiva, si la conducta se realiza a más personas, o si el acto facilita delitos como el abuso sexual, violación, trata de personas, robo, feminicidio u homicidio, indicó el Gobierno capitalino.