El diputado del PRI, Óscar Fernando Torres Castañeda, promueve una iniciativa de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para otorgar al Conapred la facultad de iniciar procedimiento sancionador de oficio o a petición de parte, cuando tenga conocimiento de actos de discriminación.
Las sanciones podrán consistir en amonestaciones, multas, medidas de reparación del daño y otras que determine el reglamento de esta ley, plantea la propuesta que modifica los artículos 15 y 20 de dicha legislación y que fue turnada para dictamen a la Comisión de Derechos Humanos.
El procedimiento garantizará el derecho de audiencia y defensa del presunto infractor, conforme a los principios de legalidad y debido proceso.
Entre las medidas de nivelación que los poderes públicos están obligados a realizar, propone eliminar las barreras arquitectónicas y urbanísticas, y adoptar ajustes razonables para garantizar condiciones de accesibilidad universal en inmuebles abiertos al público.
Además, deben incluir el acceso a servicios digitales, públicos o privados, y asegurar el uso de tecnologías accesibles, subtitulación, interpretación en lengua de señas, formatos alternativos y cualquier otro medio adecuado para garantizar la inclusión de personas con discapacidad.
En la exposición de motivos, el legislador considera que conferir facultades sancionadoras al Conapred representa un avance en la lucha contra la impunidad, pues una ley sin consecuencias reales para quien la viola corre el riesgo de ser letra muerta.
Subraya que la posibilidad de imponer sanciones administrativas permite no solo castigar actos discriminatorios, sino también enviar un mensaje claro: la discriminación no será tolerada por el Estado mexicano. Este cambio también fortalecería la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por la igualdad.
En tanto, fortalecer la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es una tarea que trasciende lo jurídico; es una declaración de principios: “que en México no hay lugar para la exclusión, que la dignidad humana no se negocia, y que una verdadera democracia solo es posible cuando todas las personas –sin importar su origen, condición o identidad– tienen garantizado el mismo acceso a los derechos, las oportunidades y el respeto”, enfatiza.
Las reformas –asegura– contribuirían a cerrar la brecha entre el reconocimiento legal del derecho a la no discriminación y su aplicación efectiva.
Una democracia que no protege a sus sectores más vulnerables es una democracia incompleta. La igualdad no puede seguir siendo una aspiración retórica, sino que debe ser una práctica cotidiana respaldada por leyes robustas, mecanismos eficaces y voluntad política, precisa.
Concluye que el derecho al transporte, a la educación, al trabajo, al ocio y a la salud, debe ser universal, no condicionado por la capacidad física, auditiva, visual o intelectual de una persona, pues una sociedad no puede tolerar que su infraestructura siga diseñada desde la exclusión.