Con el fin de establecer prisión preventiva oficiosa en los casos del delito de extorsión y facultar al Congreso de la Unión a legislar y expedir una ley general en la materia que coadyuve a combatir y erradicar ese ilícito, el diputado José Antonio García García (Morena) presentó una iniciativa que reforma los artículos 19 y 73 de la Constitución Política.
El documento, enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, precisa que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos extorsión, y faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general que establezca, como mínimo, los tipos penales y sus sanciones, en materia de extorsión.
Refiere que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la extorsión es un delito de alto impacto que consiste en que una persona, asociación u organización con ánimo de lucro (para sí o para un tercero), a través de engaños, amenazas y/o violencia, obliga a cualquier otra persona a dar, hacer o dejar de hacer algo, a efecto de dañar su patrimonio y su esfera emocional.
Expone que, en México, el delito de extorsión ha sido un problema que ha causado graves afectaciones a la ciudadanía, siendo un ilícito que ha venido al alza.
Desafortunadamente, pese al esfuerzo y estrategia de seguridad del actual Gobierno Federal, este delito continúa siendo un problema que es necesario atender para inhibir su comisión.
De acuerdo con el estudio “El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo”, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, cada día se registran 13 mil extorsiones.
García García relata que, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2022 se cometieron 4.7 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 5 mil 56 por cada 100 mil habitantes.
El estudio señala que la extorsión se convirtió en el ilícito más frecuente en los estados de Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.
En tanto, datos de la Confederación Patronal de la República Mexicana revelan que el 51.2 por ciento de las empresas en el país ha sido víctima de un delito en el último año, siendo el de la extorsión el segundo mayor ilícito que más sufren los empresarios.
Por ello, es fundamental reformar los artículos 19 y 73 de la Carta Magna para establecer prisión preventiva oficiosa por el delito de extorsión y facultar al Congreso a expedir una ley general en la materia, lo que abonaría a garantizar la seguridad de la ciudadanía y cumplir el Objetivo 16 de la Agenda 2030, referente a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, precisó.