La diputada Patricia Galindo Alarcón (PT) impulsa una iniciativa para que las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, establezcan programas progresivos para la erradicación, clausura, remediación y reconversión de los tiraderos a cielo abierto existentes, priorizando aquellos que representan riesgos para la salud, el ambiente o los cuerpos de agua.
En una iniciativa, que adiciona un párrafo cuarto al artículo 100 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, precisa que deberá asegurarse su sustitución por infraestructura de disposición final que cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.
El documento, turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, busca avanzar hacia la eliminación gradual de los tiraderos a cielo abierto en zonas metropolitanas, sentando bases legales más claras para que la Federación, estados y municipios asuman la responsabilidad compartida de cerrar dichos sitios, remediar los daños y garantizar que la gestión de los residuos se realice en condiciones favorables.
Refiere que durante 2022 la cantidad promedio diaria de residuos sólidos urbanos (RSU) recolectados en México fue de 108 mil 146 toneladas, de las cuales una tercera parte se concentró en la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco; es decir, en torno a grandes zonas metropolitanas con alta intensidad poblacional y fuertes presiones sobre su infraestructura urbana y ambiental.
Asimismo, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales reporta que en el país se generan102 mil 895 toneladas de residuos al día, de las cuales apenas 78.54 por ciento se dispone en sitios de disposición final, lo que implica que una fracción relevante termina en condiciones inadecuadas, incluyendo tiraderos a cielo abierto y sitios que no cumplen con la normatividad.
Expone que los tiraderos a cielo abierto se han convertido en una “solución de facto” para muchos municipios con capacidades administrativas y presupuestales limitadas, especialmente en las zonas periurbanas de las grandes ciudades.
La legisladora señala que, a pesar de la gravedad de la situación, la ley antes referida no contiene, a la fecha, un mandato expreso, claro y operativo para la erradicación progresiva de los tiraderos a cielo abierto, ni establece plazos nacionales obligatorios para su cierre y clausura definitiva.
La consecuencia de esta ausencia de mandato específico es que los tiraderos a cielo abierto continúan reproduciéndose como una salida inmediata ante la falta de recursos o de coordinación, aunque ello implique violar el derecho humano a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4 de la Carta Magna.
Estima que con la presente iniciativa se genera un conjunto de beneficios específicos para las zonas metropolitanas: reduce riesgos sanitarios, protege suelos y cuerpos de agua, corrige patrones de injusticia ambiental, fortalece la gobernanza metropolitana, recupera valor urbano y turístico y contribuye a la mitigación del cambio climático.
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