Aunque la jurisprudencia federal ya declara inconstitucional penalizar el aborto, el derecho a una interrupción legal del embarazo (ILE) aún no se traduce en acceso real y equitativo en todos los estados.
Precisamente el mes pasado la SCJN (SCJN) invalidó diversas normas que criminalizaban y condicionaban la interrupción del embarazo en Tlaxcala, así como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, con lo cual se oficializó la despenalización del aborto en la entidad. Hasta el momento no está el documento en el diario oficial, pero es una realidad.
Esta es una buena noticia, declara Paula Rita Rivera Núñez, gerente operativa de Telefem, pero no hay que bajar la guardia, ya que aún se requiere armonización legislativa y protocolos claros en todas las entidades.
“Son tres los pilares fundamentales para que sea efectiva una ILE en los estados, 1) infraestructura y personal capacitado, ya que falta personal médico entrenado, insumos suficientes y servicios accesibles en zonas rurales o geográficamente menos accesibles. 2) Difusión de información confiable basada en evidencia, persiste desinformación y desconocimiento sobre derechos sexuales y reproductivos, incluso déficit en la educación integral de la sexualidad, laica y de calidad y procedimientos seguros o reconocer el estándar de oro. 3) Perspectiva de género y derechos humanos, es importante combatir estigma y prejuicios institucionales, sociales y culturales que obstaculizan el acceso”, detalla Rivera Núñez.
Para que la interrupción legal del embarazo (ILE) sea una realidad efectiva, y no solo un principio normativo, es necesario atender una serie de factores estructurales, educativos y sanitarios, conforme a estándares internacionales de salud y derechos reproductivos.
Por ejemplo, garantizar una educación integral de la sexualidad desde temprana edad y brindar información confiable sobre regulación de la fertilidad, métodos anticonceptivos y derechos sexuales y reproductivos.
La UNFPA destaca que asegurar el acceso a una amplia gama de anticonceptivos modernos y ofrecer consejería de planificación familiar contribuye a prevenir embarazos no planeados y reducir la necesidad de recurrir a abortos.
En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que proporcionar información veraz y eliminar barreras normativas innecesarias es clave para prevenir abortos inseguros.
Además, contar con acceso garantizado a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y asequibles, preferiblemente modernos y de larga duración, permite que las personas decidan libremente si y cuándo quieren gestar. Esto reduce la incidencia de embarazos no planeados y, por ende, la demanda de abortos inseguros.
Muchas personas enfrentan desigualdades socioeconómicas, marginación, violencia, discriminación o desventajas educativas, lo que limita su acceso a servicios de salud reproductiva, para garantizar un acceso equitativo, las políticas deben considerar estas determinantes sociales de la salud y garantizar que la ILE esté disponible y sea accesible para todas, sin importar su contexto. Este enfoque está en línea con el enfoque de derechos sexuales y reproductivos impulsado desde la salud pública.
“La evidencia internacional muestra que una combinación de educación integral de la sexualidad, acceso garantizado a anticonceptivos modernos, eliminación del estigma y atención a las desigualdades estructurales reduce significativamente la incidencia de abortos inseguros, protege la salud física y mental de las personas gestantes y contribuye a una sociedad más equitativa. Elementos que debe tomar en cuenta la jurisprudencia en los estados”, explica Paula Rita.
En este sentido Telefem, organización sin fines de lucro, contribuye a que la mayoría de las personas accedan a un aborto seguro, a través de un Modelo Integral de Atención, que se traduce en consejería, contacto con profesionales de la salud, seguimiento y kit con lo necesario para llevar a cabo un proceso seguro.
Para Paula Rita el uso del “Estándar de Oro”, método con mifepristona y misoprostol, avalado por OMS y COFEPRIS, con eficacia del 98% y mínima tasa de complicaciones, es una opción segura para las personas que desean llevar a cabo la interrupción del embarazo.
“Llevamos a cabo una cobertura nacional y confidencialidad, con atención remota, segura y empática, con más de 13,700 procesos exitosos y más de 27,000 consejerías. Este enfoque también está alineado con los estándares de atención recomendados por la OMS, que subrayan la importancia de servicios de salud seguros, asequibles, respetuosos, accesibles y libres de discriminación”, indica la gerente operativa de Telefem.
Garantizar el aborto seguro es un asunto de salud pública y derechos humanos, no un privilegio. Los estados requieren políticas integrales que combinen educación, acceso universal a salud, justicia social, inversión suficiente y perspectiva de género.