La Casa Blanca de Donald Trump evalúa ampliar de 19 a 30 los países sujetos a restricciones migratorias, tras una recomendación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para imponer “una prohibición total de viajes” a naciones que, según dijo, han enviado “invasores” a Estados Unidos, de acuerdo con una fuente citada por NBC News y citas de la funcionaria.
“Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los beneficios sociales”, escribió Noem en X, tras reunirse con el presidente. “Debo actuar para proteger la seguridad nacional y los intereses nacionales de los Estados Unidos y de su pueblo”, agregó la Casa Blanca en una proclama previa que sustenta la línea dura del Gobierno.
Las autoridades no detallaron qué nuevos países podrían incluirse ni el alcance preciso de las restricciones.
El endurecimiento se produce después de que, la semana pasada, un inmigrante afgano fuera acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca.
Tras el ataque, Trump anunció que las solicitudes de asilo quedaban congeladas hasta revisar los estándares y que se paralizaban los trámites migratorios para ciudadanos afganos, incluso para quienes habían colaborado con las fuerzas estadounidenses.
“Los procesos de asilo seguirán suspendidos y sus solicitantes podrían ser deportados”, dijo Noem. La prensa estadounidense informó además que el procesamiento de solicitudes de inmigración de afganos fue suspendido de forma inmediata.
En junio, la administración Trump ya había restablecido una prohibición total de viaje para ciudadanos de 12 países —Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen— y restricciones parciales para otros siete —Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela—, con exenciones para residentes permanentes legales, ciertos visados especiales y casos humanitarios.
Imagen intermedia
El Gobierno justificó la medida en un informe interagencial de seguridad y en la autoridad presidencial del artículo 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite “suspender la entrada” de extranjeros cuando su ingreso sea “perjudicial” para los intereses de EE.UU.
El uso de esa autoridad ya fue validado por la Corte Suprema en 2018, cuando, en el caso Trump v. Hawaii, el tribunal avaló la Proclamación 9645 y sostuvo que el presidente cuenta con amplia discreción para restringir la entrada por motivos de seguridad, siempre que existan hallazgos formales y un proceso de revisión gubernamental. El fallo distinguió entre la legalidad de la herramienta y las críticas políticas a su diseño.
La expansión ahora en estudio se apoyaría en el mismo andamiaje legal. Defensores de migrantes y libertades civiles han cuestionado históricamente la eficacia de las listas de países por su impacto humanitario y por el riesgo de castigar a solicitantes de refugio sin un análisis individual.
Sin embargo, el Gobierno afirma que la amenaza requiere medidas extraordinarias y que mantiene exenciones limitadas, como las previstas para residentes permanentes y ciertos visados diplomáticos o especiales, además de deportistas en eventos globales.
La eventual ampliación del veto de viajes llegaría en un contexto de mayor presión militar y diplomática sobre regímenes señalados por Washington. La administración también ha congelado temporalmente el asilo y revisa estándares de “miedo creíble”, con la promesa de reactivar los procesos una vez implementados los nuevos protocolos.
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