El Gobierno de Venezuela anunció este lunes la excarcelación de 116 presos políticos, en el marco de un proceso de liberaciones que había sido anunciado la semana pasada tras recientes acontecimientos de fuerte impacto político y humanitario en el país. El anuncio fue publicado este lunes por el Ministerio del Servicio Penitenciario en un comunicado oficial, en el que se señala que estas medidas han beneficiado a personas privadas de la libertad por hechos “asociados a alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación”.
No obstante, organizaciones opositoras y grupos especializados en derechos humanos reportan cifras inferiores a las mencionadas por el Gobierno. Activistas y familiares de los reclusos han pasado días y noches frente a distintos centros penitenciarios, con la esperanza de que sus seres queridos sean incluidos entre los beneficiados por las excarcelaciones.
Diferencias en las cifras y respuesta de ONG
La organización Foro Penal, una de las principales ONG que monitorean detenciones por motivos políticos en Venezuela, confirmó que durante la madrugada de este lunes se produjeron 24 liberaciones, entre ellas las de dos ciudadanos italianos.
Según el monitoreo de esta organización, el número total de excarcelaciones verificadas desde que inició el proceso el pasado 8 de enero asciende a más de 40 personas, un número considerablemente menor que los 116 reportados por el Gobierno. El contraste entre cifras oficiales y las verificadas por ONG resalta los desafíos en la transparencia del proceso y la dificultad para acceder a información completa y confirmada.
Liberaciones destacadas, italianos y oposición juvenil
Entre los liberados figuran Alberto Trentini y Mario Burlò, dos ciudadanos italianos que, tras su excarcelación, se encuentran bajo protección en la embajada de Italia en Caracas. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró su liberación en redes sociales y confirmó que un vuelo desde Roma ya partió para traerlos de regreso a Italia.
Además, la oposición venezolana reportó la excarcelación de un dirigente juvenil, aunque no proporcionó detalles adicionales sobre su identidad, ni su afiliación política.
Familiares de presos políticos rezan durante una vigilia con velas frente a la cárcel El Rodeo I en Guatire.AFP
Este proceso de excarcelaciones se produce en un contexto político extraordinario para Venezuela, marcado por la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un hecho que ha agravado la crisis interna y ha generado atención global.
El Gobierno interino, encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha dicho que la revisión de casos se mantendrá de forma “permanente y continua” bajo los parámetros del orden jurídico vigente, aunque ONG han demandado mayor claridad en la publicación de nombres, causas y criterios de liberación.
Grupos de derechos humanos estiman que actualmente hay entre 800 y 1,200 presos políticos en Venezuela, muchos de ellos detenidos por motivos vinculados a la disidencia política o manifestaciones públicas en años recientes.
Reacciones y narrativas cruzadas
Las reacciones al anuncio han sido diversas. Por un lado, funcionarios gubernamentales lo presentan como una muestra de “justicia, diálogo y paz” que busca normalizar la situación y responder a situaciones judiciales específicas. Por el otro, organizaciones de derechos humanos describen el proceso como insuficiente y parcial, subrayando que las cifras oficiales no corresponden con lo verificado en campo.
Además, este proceso se desarrolla en medio de la presión internacional sobre el país sudamericano, donde líderes globales y movimientos de derechos humanos han exigido una transición democrática real, mayor transparencia y el respeto pleno de derechos civiles.
Mientras las autoridades venezolanas insisten en que las excarcelaciones continuarán, las familias de los presos y los observadores internacionales mantienen reservas sobre el alcance real de las medidas. La diferencia entre las cifras oficiales y las verificadas por ONG como Foro Penal refleja un proceso aún en desarrollo, con altas expectativas sociales y políticas, pero también con dudas sobre su implementación técnica y la liberación efectiva de un universo mayor de presos políticos.